Izquierda Social y Ecologista (Iseco) acusa al PP de Cantabria de comportarse como un "feroz enemigo" del medio ambiente y denuncia que el Gobierno de Ignacio Diego ha iniciado "recortes" en materia de biodiversidad y continuará con "recortes" en materia de espacios protegidos, apoyándose en la reciente modificación de la Ley de Patrimonio Natural impulsada por el ministro del ramo, Arias Cañete.

Prueba de ello es, a juicio de Iseco, que el Ejecutivo ha "paralizado" los planes de conservación de especies protegidas del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, ha "interrumpido" los programas de seguimiento de fauna que estaban en marcha, y ha "renunciado" a participar en el programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo y su hábitat, demostrando así que "no tiene la menor intención de desarrollar los planes de gestión de la Red Natura 2000".

Según la cooperativa política, el único objetivo del PP de Cantabria es "poner los recursos naturales en manos privadas y convertirlos en oportunidad de negocio para unos pocos", como a su entender evidencia la reciente modificación de la ley del suelo y el proyecto de construir un teleférico en Castro Valnera.

Parques naturales

Por otra parte, Iseco recuerda que este jueves se conmemora el Día Europeo de los Parques Naturales, pero lamenta que en Cantabria "no hay motivos para la celebración" porque sus parques están "sumidos en el más absoluto de los abandonos, sin gestión, vigilancia, ni inversiones".

"Ni uno solo de los parques naturales de Cantabria cuenta con el preceptivo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) destinado a regular el aprovechamiento sostenible de sus valores ambientales y culturales", añade Iseco.

Especialmente "grave" es, en su opinión, la "notoria voluntad" del Gobierno por "degradar" los tres parques costeros (Oyambre, Liencres y Marismas de Santoña), favorecer el "descrédito" ante la población y la especulación urbanística en su entorno.

Por último, Iseco agradece el altruista trabajo que están llevando a cabo las organizaciones ecologistas dentro de los patronatos de cada parque natural, y ello pese a "la falta de voluntad de diálogo y consenso con que actúan los representantes municipales y autonómicos".