Las políticas activas de empleo que está acometiendo ya el Gobierno de Cantabria se han dirigido al pago de las nóminas de los trabajadores de los centros especiales de empleo, que llevaban años sufriendo problemas para el abono de sus salarios, así como al apoyo a los programas de los autónomos y a las solicitudes de creación de empresas de economía social (cooperativas y similares).

También están abordando la contratación de desempleados en obras de interés general, mientras se plantea introducir cambios en la financiación de los programas de formación para ocupados y autónomos, que será directamente a través del Servicio Cántabro de Empleo.

El dinero procede de los propios fondos del presupuesto, según ha avanzado en el Parlamento la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, a preguntas del PRC sobre la creación de un fondo específico del que habló en una Comisión el diputado Eduardo Van den Eynde.

Mazas ha defendido que el Servicio Cántabro de Empleo no es el único órgano que ejecuta políticas activas de empleo, y ha repasado distintas políticas ya desarrolladas, como la orden de apoyo a los proyectos experimentales, y las que benefician a trabajadores con discapacidad, autónomos o la economía social.

La diputada regionalista Matilde Ruiz ha censurado el "engaño" y la "falta de transparencia" del Gobierno en este campo, acusándole de estar "esquilmando" a los desempleados y llevar "un año sin una medida para el fomento del empleo", pronosticando que convertirá Cantabria en "un erial".

"amnistía fiscal"

En el Pleno, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha defendido que el plan de regularización de activos ocultos ("amnistía fiscal" para "defraudadores", como lo ha definido el PSOE) es una medida de carácter temporal que se adopta en un "escenario excepcional" y con la intención de "no tener que incrementar otros impuestos".

La portavoz socialista, Eva Díaz Tezanos, ha criticado este "chollo", "inmoral e injusto" que se salda con una "modesta multa" y ha denunciado que se trata de una medida "ideológica" que supone que los "recortes" recaen sobre los "débiles", mientras que los "perdones" benefician a "los poderosos".