Jardineras y alcorques repletos de maleza, fuentes sucias con agua estancada, palmeras secas y moribundas y una torre de 45 metros inutilizada por supuesta avería del ascensor.

Es la triste realidad de la plaza peatonal que se construyó sobre el túnel que sirve para enlazar la V-21 con la avenida Cataluña de Valencia, uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Esta infraestructura, ejecutada por el Ministerio de Fomento del gobierno socialista con un coste de 24 millones de euros, se inauguró el pasado 19 de junio de 2009. Sin embargo, hasta ahora, el Ayuntamiento se ha negado a recepcionarla y a hacerse cargo del mantenimiento debido a las deficiencias que presentaba. Entre ellas, mal estado de las palmeras plantadas y sistema de riego deficiente.

La única reparación que acometió el Ministerio fue el cambio de las bombas de achique de agua del túnel. Las instaladas en un primer momento no tenían capacidad suficiente para sacar el agua los días de lluvia y eso provocó varias inundaciones que obligaron a cortar el paso inferior. Pero ahí quedaron las concesiones realizadas por el Gobierno que entonces dirigía Zapatero.

Estas desavenencias que ambas administraciones han sido incapaces de resolver han abocado el espacio al más absoluto de los abandonos.

Pero, quizás, lo más sangrante de todo sea que se mantenga cerrada e inutilizada la bautizada como torre Miramar, un hito de 45 metros de altura creado para divisar todo el litoral valenciano. Desde su apertura en junio de 2009 hasta ahora prácticamente no ha estado operativo. De hecho, según ha comprobado in situ 20 minutos, el rellano de acceso al ascensor y a las escaleras está clausurado y se usa para guardar una barredera. En la puerta del ascensor, hay un cartel que indica que está averiado.

El Consostorio puso pegas al proyecto al requerir al dos personas con sus respectivos sueldos para controlar el acceso al mirador. Pero Fomento asegura que fue pactado por ambas administraciones.

"El Gobierno ya hizo la inversión"

La actual coincidencia de color político en el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Valencia podría favorecer un acuerdo para que el Consistorio asumiera por fin la propiedad de infraestructura. En este sentido, desde Fomento han confirmado que están negociando, aunque se mostraron reacios a solucionar las deficiencias: «El Gobierno ya hizo la inversión que le tocaba con las obras».