El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo en relación a una disposición de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una normativa que a juicio de la Plataforma en Defensa del Río Castril "intenta legalizar" las obras del trasvase a Baza (Granada), actualmente paralizadas por orden judicial.

En una providencia del 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el Constitucional comunica su decisión ante la posible infracción de tres artículos de la Constitución española y da por suspendido el procedimiento hasta que se tome una decisión, paralizando así "cualquier actuación judicial y política" al respecto.

La Plataforma en Defensa del Río Castril solicitó en su día este trámite al Supremo —la asociación ecologista no puede hacerlo directamente— por considerar que esta disposición de la Ley de Residuos pretendía saltarse la sentencia firme del Tribunal Supremo que declaraba ilegales las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril.

Las obras de canalización afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcadas en el Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

El Alto Tribunal basó su decisión de paralizar las obras en que este decreto de seguía fue anulado en 2010, por lo que quedaban también sin efecto las medidas adoptadas a raíz del mismo.

EXPROPIACIONES

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, considera importante este trámite porque permitirá a la asociación "ganar tiempo" para buscar una solución consensuada para el aporte de agua a Baza sin que para ello se destruya el cauce y el entorno natural del Río Castril.

Aunque los trámites judiciales siguen su curso y las máquinas se retiraron en febrero de 2011 de la zonas donde se iba a llevar a cabo la canalización, Ortiz asegura que aún no se ha resuelto la situación de las fincas afectadas por el trasvase, "unas 600".

Según sus datos, la empresa ejecutora no ha "ejecutado la sentencia" del Supremo que declaró ilegales las obras y no ha retirado las tuberías de muchas de estas fincas, lo que impide a los agricultores cultivar en sus tierras, de forma parcial o total.

"Hay agricultores que han tratado de apartar a un lado los materiales de las obras para cultivar y la empresa los ha denunciado", ha lamentado Ortiz, que ve esta actitud como una "medida de presión" e insiste en la necesidad de que se resuelvan estas expropiaciones y que la zona natural afectada sea restituida a su situación inicial.

De hecho, la asociación ecologista ha reclamado una figura de protección para la Vega a fin de que no haya nuevos "ataques" al patrimonio natural de la zona.