El alcalde de Borriol (Castellón), Adelino Santamaría, se enfrenta a una petición de pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación del que le acusa el fiscal por no hacer cumplir la demolición de un prefabricado para albergar una cuadra de caballos que construyó un matrimonio del municipio. La pareja también está acusada de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión y una multa de 10.800 euros.

El primer edil ha reconocido en el juicio, que se ha retomado tras quedar suspendido el 16 de febrero al no comparecer un perito, que él firmó en 2005 el decreto de demolición de esta construcción y que si no se ha resuelto todavía será porque "seguirá el procedimiento habitual, como cualquier otro expediente".

El fiscal asegura en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio acusado, en 2004, "despreciando el requisito de la obtención de licencia" en una parcela del término de Borriol calificada como suelo no urbanizable procedió a la construcción de una cuadra para caballos.

El alcalde, "teniendo constancia de la obra y de la ilicitud de la misma", acordó su suspensión y desmonte, sin adoptar medida alguna "al respecto de la ejecución de los decretos que fueron notificados a los otros dos acusados", quienes, sin embargo "hicieron caso omiso a su contenido e incumplieron las resoluciones de suspensión de las obras y de desmonte de las cuadras".

El fiscal explica que no consta que hasta la fecha las cuadras hayan sido demolidas por los acusados, a pesar de los decretos de 22 de junio y 2 de agosto de 2005, ni que se hayan adoptado medidas por parte de Santamaría, en su condición de alcalde, "para la ejecución de las mencionadas resoluciones firmes".

Confianza "plena" en los técnicos

A preguntas del ministerio público, Santamaría ha asegurado ser conocedor de los hechos que se juzgan, aunque ha declarado que, en este caso, se ha limitado a firmar los decretos que venían avalados con informes técnicos, sin saber el contenido "ya que los escritos siempre los hace la oficina técnica del Ayuntamiento y yo no puedo leerme todos, por lo que los firmo confiando plenamente en los técnicos".

Además, ha asegurado que no sabía nada sobre las quejas presentadas en el ayuntamiento por un vecino del matrimonio acusado ni si había problemas de lindes entre ellos. Respecto a la cuadra de caballos, ha afirmado que no sabía si había licencia de obras "pues puede que la tuviese por silencio administrativo".

Por su parte, el otro acusado ha declarado que él construyó un "simple" bloque de hormigón para apoyar la estructura para el que obtuvo una autorización de la Generalitat valenciana con la que solicitó en el Ayuntamiento la licencia municipal. Sin embargo, según ha dicho, en el consistorio le indicaron que no era necesaria la licencia porque se trataba de "algo móvil, y no de una obra".

Asimismo, ha apuntado que no le notificaron los decretos que le obligaban a paralizar las obras y al desmonte de las mismas y que el alcalde le transmitió tranquilidad en una ocasión, diciéndole que tenía "todo en orden", término que ha negado el primer edil en su declaración.

Un aparejador que ejerce de técnico municipal ha declarado en calidad de testigo que siempre recibía las órdenes del arquitecto o abogado del Ayuntamiento, pero nunca del alcalde, con el que no comenta normalmente los expedientes.

La acusación particular demanda para el alcalde de Borriol tres años de prisión por un delito de coacciones y dos años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delito o, alternativamente, un delito de prevaricación, mientras que su abogada ha solicitado la libre absolución.