La Fiscalía ha reducido prácticamente a la mitad las penas de prisión que había solicitado para dos sindicalistas, uno de la CIG y otro de CC.OO. acusados de delitos de desórdenes y daños en la ocupación de la Estación Marítima de Vigo ocurrida durante la huelga del metal de 2009.

El Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad olívica ha acogido este martes la vista oral por estos hechos, ocurridos el 4 de junio de 2009 y por los que fue absuelta Z.G.P., la que fuera responsable de prensa de la CIG y a quien se acusaba de los mismos delitos.

Los sindicalistas, el responsable de negociación colectiva de la CIG, Antolín Alcántara, y el responsable comarcal del metal de CC.OO., Ramón Sarmiento; negaron en el juicio que su intención fuera ocupar la Estación Marítima, llegar al muelle y entrar en el crucero 'Independence of the Seas', que estaba atracando en esos momentos. Así, ambos afirmaron que el grupo de manifestantes acudió a la Estación para refugiarse, huyendo de una carga policial.

Durante la vista, en la que declaró más de una docena de testigos, se visionaron imágenes grabadas por las cámaras del Puerto de Vigo en la que se ve la llegada de los manifestantes; su presencia en el interior de la Estación Marítima y la entrada de Alcántara en el centro de control portuario, situado en la segunda planta del edificio.

En todo caso, en las imágenes no se ve quiénes son las personas que causan los daños a la puerta de cristal de acceso a la Estación Marítima, que estaba cerrada y que fue fracturada para poder entrar.

Alcántara y Sarmiento —éste último sólo contestó a las preguntas de su abogado— afirmaron que la intención inicial era concentrarse en la explanada ante el Centro Comercial A Laxe para hacer visible el conflicto del metal ante los turistas.

Sin embargo, mantuvieron que la manifestación quedó cortada en dos, que se produjo una carga policial a la altura de la calle Cánovas del Castillo y que el grupo que estaba delante fue a cobijarse en la Estación Marítima para evitar ser alcanzado por la carga. Además, ambos se desvincularon del forzado de la puerta de acceso —de cristal— y su rotura.

Antolín Alcántara, quien indicó que era "inocente" en su última intervención ante la jueza, insistió en que la ocupación del edificio no fue una acción "premeditada". "Sería una locura, no se nos ocurriría. Sabemos lo que significaría tomar un crucero", aseguró, para reafirmar su declaración de que ése no era el objetivo. Asimismo, indicó que, una vez dentro del inmueble, acudió hasta donde se encontraba la zona de control para "buscar una salida" y evitar un "enfrentamiento con la Policía".

Por su parte, Sarmiento destacó que "en ningún momento hubo actitudes violentas" por parte de los manifestantes que ocuparon el edificio y rechazó que, en el momento de negociar con la Policía la salida de las instalaciones, se diera orden a los manifestantes que había en la calle que dejasen de lanzar objetos contra las fuerzas de seguridad.

ABSOLUCIÓN

Tras realizar el visionado de las imágenes y escuchar el testimonio de los policías, guardias civiles y reporteros gráficos que comparecieron en la sesión, la Fiscalía decidió retirar la acusación para Z.G.P. por tratarse de una "periodista" que estaba ejerciendo sus cometidos profesionales y entró en las instalaciones más tarde que los manifestantes, no estando desde el primer momento de la ocupación. Así, la jueza avanzó que esta joven quedaba absuelta.

En cuanto a Antolín Alcántara, el fiscal redujo su petición de pena de cuatro años de prisión y una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios a dos años y medio de cárcel —un año y medio por desórdenes y un año por daños— y una sanción de 12 meses a razón de 15 euros por día.

El representante del ministerio público justificó su modificación por considerar que "reconoció bastante los hechos" y porque se ha satisfecho el importe de los daños, la puerta rota —cifrada en 1.199 euros—. "Si ha abonado la responsabilidad civil, será por algo, si no, no la pagaría", ha apuntado al respecto.

Al respecto de Sarmiento, la solicitud de pena de cárcel quedó reducida a la mitad —un año por desórdenes y otro por daños— y la multa a razón de 15 euros diarios pasó de una duración de 18 meses a 15. Sobre él, el Ministerio Público destacó que tuvo una mayor rebaja que Alcántara porque su participación fue menor, pues no entró en la zona de control portuario.

El representante de la Fiscalía consideró que los sindicalistas "lo tenían planeado" y que "en ningún momento" se les vio intención del ir al centro comercial o quedar en la explanada. "Afortunadamente hubo cabeciña y no entraron en el muelle y en el crucero", apuntó, si bien indicó que en su estancia fue perturbado el normal funcionamiento de las instalaciones.

Asimismo, mantuvo que al tratarse de "dirigentes sindicales", ellos eran quienes iban "dirigiendo a la masa", por lo que "toda la responsabilidad es de ellos". Sobre los daños, pese a que ningún testigo confirmó en el juicio que fueran ellos quienes materialmente los produjeran, consideró que "si la idea era entrar dentro" de la Estación, y la puerta estaba cerrada, "que uno u otro rompiese el cristal es lo mismo, todos tenían la misma idea".

Por su parte, las defensas de los dos acusados —tras quedar absuelta Z.G.P.— pidieron la libre absolución de sus patrocinados. La defensa de Alcántara consideró que su cliente estaba acusado como "castigo" pues es "conocido por ser uno de los miembros de la CIG". Por su parte, el abogado de Sarmiento mantuvo que éste permaneció "en actitud pasiva y colaboradora" en el hall de la Estación Marítima y no continuó hacia el interior de las instalaciones.

Durante la celebración del juicio, y ya desde media hora antes de su comienzo, un grupo de delegados sindicales, convocados por la CIG, permanecieron concentrados en el exterior del juzgado en apoyo a Alcántara. A la concentración también se acercaron cargos del sindicato, como el secretario xeral Suso Seixo, y miembros del BNG.