El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana recalca que las vacantes de profesores "deben ser cubiertas inmediatamente, de manera que, en la medida de las posibilidades de la administración, no exista un período de vacío educativo". Asimismo, advierte del aumento de quejas presentadas por los padres debido al endurecimiento de los requisitos para obtener becas de comedor.

Estos son algunos de los argumentos que el defensor del pueblo valenciano recoge en su Informe anual correspondiente al ejercicio de 2011 que el Síndic de Greuges, José Cholbi, ha entregado este martes al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino.

En el documento, consultado por Europa Press, el defensor del pueblo valenciano dedica un apartado a las vacantes generadas por profesores que causan una situación de baja. Al respecto, subraya que la institución es "consciente de que las vacantes deben ser cubiertas inmediatamente, de manera que, en la medida de las posibilidades autoorganizativas de la administración pública, no exista un periodo de vacío educativo o que, en caso de existir, éste presente la menor duración posible, ya que la ausencia de un profesor, aunque ésta sea temporal, determina la interrupción inmediata del correcto proceso educativo".

"El problema que ocasionan las bajas o ausencias del profesorado está estrechamente vinculado al previo y más trascendental problema de la calidad de la educación", sentencia.

Para el Síndic, la administración "no puede contentarse con garantizar tan sólo las bajas del profesorado, sino que en aquellos casos en que las ausencias sean reiteradas, el esfuerzo debe ir encaminado a evitar los efectos perjudiciales que el cambio continuado de profesorado y la pérdida habitual de horas lectivas pudiera generar en la educación de los alumnos, y que se concretarían en un desarrollo curricular inarticulado y carente de la necesaria continuidad, dando lugar a una alteración considerable del ritmo de aprendizaje, desorientación de los menores y peligro de desmotivación".

En otro momento, el informe recomienda a la Conselleria de Educación que "disponga los recursos necesarios para proporcionar a los alumnos que padecen instalaciones deficitarias, unos edificios adecuados a los requisitos mínimos que la legislación vigente impone, ya que la ubicación en instalaciones provisionales coloca a estos alumnos en situación de provisionalidad".

Aun siendo "consciente de la realidad económica actual y siendo legítimo el recurso a la escolarización de alumnos en centros educativos integrados, total o parcialmente, por módulos prefabricados, la misma constituye una solución a la que la administración debería recurrir tan sólo con carácter residual, y, en todo caso, provisional, en tanto en cuanto se adopten las medidas oportunas que permitan la escolarización en centros definitivos, dada la manifiesta incapacidad de las estructuras prefabricadas para asegurar las condiciones básicas idóneas que promuevan la adecuada satisfacción del derecho a una educación de calidad", razona.

Alumnos con necesidades especiales

También se subrayan las "constantes exigencias" para que las instituciones dispensen a los alumnos con necesidades especiales una atención que "debe ser prestada con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa".

El Síndic advierte, por otra parte, que la crisis ha determinado un incremento de las quejas de padres de alumnos "que han visto denegadas las ayudas asistenciales de comedor escolar y que venían percibiendo en años anteriores".

Sobre estas ayudas, mantiene que "tienen un carácter asistencial y vienen destinadas al apoyo a las familias con pocos recursos económicos, y su concesión, evidentemente, cumple también una función social, ya que permite a los padres la conciliación familiar y laboral".

"Pero, como ha quedado dicho, el endurecimiento de los criterios para determinar qué familias se encuentran en situaciones de necesidad económico-social susceptibles de ser beneficiarias de la ayuda de comedor, dio lugar a la tramitación, estudio y análisis de numerosas quejas", constata.

Finalmente, se insiste una vez más en la "imperiosa necesidad de transmitir a la comunidad educativa un mensaje de tolerancia cero a toda clase de violencia en la sociedad y en la escuela" y recuerda la investigación que se abrió a raíz de la queja de la madre de un menor de 12 años que resultó agredido por nueve compañeros del colegio y tuvo que ser atendido en un centro sanitario.