UGT-A exige al Gobierno un referéndum en otoño para que la ciudadanía se pronuncie sobre su política económica y social

Convoca en las capitales andaluzas una jornada de movilización para la noche del 23 y una manifestación el 24 contra la reforma laboral
Manuel Pastrana (Derecha), Secretario General De UGT-A
Manuel Pastrana (Derecha), Secretario General De UGT-A
EUROPA PRESS
Manuel Pastrana (Derecha), Secretario General De UGT-A

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha anunciado que el sindicato ha planteado al Gobierno de Mariano Rajoy su exigencia de que convoque en otoño un referéndum para que la ciudadanía pueda "pronunciarse libre y democráticamente" sobre la política económica y social que el Ejecutivo está llevando a cabo. Y es que, según ha destacado, se trata de "decisiones absolutamente graves que están condicionando sobremanera la vida de la sociedad", a su juicio, en favor de "los intereses económicos de unos pocos".

En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, Pastrana ha advertido de que si el Gobierno "no accede" a convocar ese referéndum, desde los sindicatos "montaremos el sistema adecuado para que la gente pueda pronunciarse" respecto a la política del Gobierno.

Asimismo, ha anunciado que, junto a CCOO-A, se han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales andaluzas para la noche del próximo día 23 y manifestaciones para la jornada del 24. Se trata de una movilización "diferente", nocturna, que pretenden que sea "masiva" y que coincide con el debate en el Congreso de los Diputados para su aprobación de la reforma laboral, la cual entró en vigor el pasado 11 de febrero "causando auténticos estragos en el mercado de trabajo".

En este sentido, ha enfatizado que, aun teniendo en cuenta que no ha estado en vigor desde el inicio del año, en el primer trimestre de 2012 "se ha perdido tanto empleo como en todo el 2011" y ha supuesto para los empresarios "la fórmula perfecta para desembarazarse del empleo estable".

Asegura que el objetivo último de la reforma laboral es "el abaratamiento de los costes de trabajo" y, según sus cálculos, al final de año "nos vamos a encontrar con seis millones de parados en España y, a este ritmo, en Andalucía superaremos el millón y medio".

A esto se suma una caída en los salarios que va a estar "en torno al 30 por ciento a final de año" y que el Gobierno "ha planteado claramente a la Unión Europea que no se va a crear empleo en estos cuatro años". Pastrana considera "inadmisible" que no haya expectativas de generación de empleo "hasta al menos 2016", así como la "generalización de la pobreza" que está llevando a la ciudadanía a una "situación límite" contra la que cabe "la reacción, la conflictividad y la movilización social".

Mecanismos predemocráticos

Cuestionado sobre si teme que el Gobierno ponga obstáculos a la movilización nocturna prevista entre las 22,00 horas del día 23 y el amanecer del 24, Pastrana ha criticado que el Ejecutivo esté "respondiendo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "poniendo trabas" a todo tipo de movilizaciones promovidas por "todo aquel que manifiesta disconformidad con la política que está desarrollando".

En este sentido ha acusado al Gobierno de "haber recuperado inmediatamente los mismos instrumentos de respuesta que, tristemente recordamos todavía, y que eran los propios en este país con anterioridad a la democracia".

Reprocha Pastrana al Gobierno que "no negocia, no dialoga, no escucha a nadie y no atiende ni siquiera al diálogo parlamentario", de manera que "se ha aislado y se ha autoproclamado capaz de asumir cualquier tipo de decisión", haciendo "un uso absolutamente dictatorial de la mayoría absoluta".

Sin embargo, defiende que una mayoría absoluta "no da autoridad moral a ningún Gobierno para que actúe directamente, como se está haciendo, contra los derechos de los ciudadanos". Por ello, considera que "están abocando a este país a una situación de conflictividad, de estallido social, porque no es posible extender impunemente la pobreza".

Así las cosas, asegura que van a mantener "sí o sí" la convocatoria de la noche del 23, y si se actúa "con su capacidad de coerción y de violencia desde el Estado, pues tendrá la respuesta correspondiente". En este punto, ha reflexionado que "el mayor nivel de violencia no se genera en este país por los que queman un contenedor, aunque eso es injustificable", sino que "la están ejerciendo los poderes económicos, empresariales y estatales".

Actuación "delictiva" de la banca

Por otra parte, ha recordado que se está desarrollando una campaña de recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) encaminada a que el Congreso de los Diputados "debata una auténtica Ley para la dación en pago", aprovechando para hacer un llamamiento a una participación "masiva" que refleje el sentir popular de que "a la gente no le pueden quitar la vivienda los bancos a los que estamos entregando dinero público".

En este sentido, ha argumentado que con el dinero público que se está "inyectando a la banca desde el periodo del Gobierno de Zapatero", "todos los ciudadanos estamos asumiendo el riesgo en el que la banca de este país ha incurrido por su propia política de especulación y de fraude a lo largo de los últimos años".

Así, mientras está recibiendo del conjunto de los ciudadanos "dinero y apoyo para cubrir sus déficit", la banca "está actuando contra aquellos más débiles, contra aquellos a los que ha defraudado y engañado llevándolos a hipotecas absolutamente fraudulentas".

Por ello, ha insistido en que "el Congreso tiene que dar respuesta a una banca que ha actuado de manera delictiva" en relación a la vivienda, al ladrillo y al precio de las hipotecas, el cual ha "multiplicado de manera absolutamente artificiosa en beneficio propio, y que finalmente nos ha llevado a la situación actual en España".

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