El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha insistido durante 2011 en la "obligación" de las administraciones públicas de fomentar el uso del valenciano. No obstante, acepta los argumentos que esgrimen las administraciones en el sentido de que proceder a rotular de forma bilingüe las vías o servicios públicos puede ser, en estos momentos, "inasumible" dada la crisis económica.

Así, en su informe anual, señala que en la actual coyuntura "las administraciones, sobre todo los pequeños ayuntamientos, se ven obligados a realizar enormes esfuerzos presupuestarios para no sólo crear sus propias páginas web, sino para emprender la rotulación bilingüe de vías o servicios públicos".

De este modo, considera que "tales tareas deben ser preteridas ante necesidades de más urgente atención", entre las que cita servicios sociales, ancianos, menores, mujeres y pequeñas infraestructuras.

El defensor del pueblo valenciano, durante 2011, ha instado, al igual que en ejercicios precedentes, a la administración autonómica, a las locales, a corporaciones e instituciones públicas que de ella dependan para que "promuevan las actuaciones necesarias para extender el uso social y oficial del valenciano".

Al respecto, recuerda que la Generalitat "tiene la obligación legal de impulsar el uso del valenciano", con el objetivo de "superar la todavía desigualdad con el castellano", así como "de desterrar cualquier forma de discriminación". El Síndic incide en que la legislación vigente respecto al uso del valenciano es "clara y terminante", por lo que "no admite interpretación alguna".

La institución que encabeza José Cholbi reconoce los "esfuerzos" de la administración valenciana por adaptar sus estructuras al régimen de cooficialidad lingüística vigente en la Comunitat, pero llama la atención sobre el hecho de que la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià "está vigente desde hace más de 25 años, y ya en su título tercero reconoce el derecho de todas personas a ser informadas por los medios de comunicación sociales tanto en valenciano como en castellano".

En 2011, han sido "numerosas" la recomendaciones que el Síndic ha dirigido a las administraciones públicas valenciana para que, "en función de sus disponibilidades presupuestarias, revisen los contenidos de sus páginas web institucionales para que puedan ser visitadas por las personas en las dos lenguas oficiales".

Atención en valenciano

Cholbi también se pronuncia sobre el derecho de las personas a ser atendidas en los servicios públicos en valenciano, "ya que la integración lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana comporta la obligación para los poderes públicos de facilitar los instrumentos necesarios para que así sea".

También señala la necesidad de que las administraciones garanticen que sus trabajadores con relación directa al público "tengan el conocimiento suficiente del valenciano para atender con normalidad a aquellas personas que así lo requieran".

El número de quejas que en esta materia el Síndic de Greuges ha analizado y estudiado en 2011 asciende a un total de 1.938, frente a las 2.045 quejas presentadas en 2010.