Interior reduce a la mitad los escoltas que vigilan domicilios de personas protegidas

  • El Ministerio ha iniciado la primera fase del programa de reducción de escoltas.
  • El número de agentes que realizan acompañamiento de personas protegidas también se rebajará: la reducción será de más de quinientos escoltas.
  • Antes de la puesta en marcha del plan, las personas protegidas en España eran más de 1.550, con un coste que superaba los 160 millones de euros al año.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
EFE/Manuel H. de León
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El Ministerio del Interior ha iniciado la primera fase del programa de reducción de escoltas que afectará a los 774 agentes que realizan labores de protección estática en domicilios de personas protegidas, cuyo número se rebajará en un 52%, es decir, en algo más de 400 agentes.

La mayoría de los agentes que dejarán de prestar este servicio lo llevan a cabo actualmente en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahora todos ellos pasarán a realizar labores de seguridad ciudadana. Posteriormente habrá otra disminución de un centenar.

El programa se extenderá próximamente también a los escoltas que realizan vigilancia dinámica -acompañamiento de personas protegidas- cuyo número se rebajará en más de quinientos agentes.

Según Interior, tras esta primera fase los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas -de los que 2.200 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros 750 proceden de la seguridad privada, pero son pagados con fondos públicos- a algo más de 2.000, lo que supone casi un tercio de reducción.

A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, deben sumarse los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.

Antes de la puesta en marcha de este programa, las personas protegidas en España eran más de 1.550, con un coste que superaba los 160 millones de euros al año.

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