El portavoz adjunto del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado este miércoles al Gobierno municipal del PP de reducir a la junta local de gobierno la aprobación del crédito asociado al plan de ajuste promovido por el Consistorio para acogerse al real decreto Ley 4/2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para financiar las deudas contraídas por las administraciones con sus proveedores. Muñoz sostiene que si bien había sido programado un pleno extraordinario para el próximo lunes para debatir esta operación crediticia, el Gobierno municipal ha resuelto canalizar el asunto exclusivamente a través de la junta de gobierno.

A través de Europa Press, Muñoz ha explicado que incluso para este jueves había prevista una junta de portavoces para preparar el mencionado pleno de carácter extraordinario, que según sus palabras estaba señalado para el próximo lunes, después de que la Corporación municipal, por vía de urgencia y exclusivamente gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP, aprobase dicho plan de ajuste.

Este plan, destinado a saldar una deuda de 59.683.446,02 euros contraída por el Ayuntamiento con 624 empresas, contempla medidas como un incremento lineal y anual del tres por ciento en sus tasas y precios públicos, una reducción salarial del cinco por ciento en las empresas municipales de transporte y limpieza y sobre el personal laboral del Instituto de Deportes (IMD), una "tasa de reposición de efectivos a cero" salvo en los servicios esenciales, nuevos recortes en gastos corrientes y la disolución de 'Giralda TV' y 'Sevilla Global'.

Muñoz ha explicado que este plan constituye "la decisión de mayor trascendencia" adoptada hasta ahora por el Gobierno municipal del PP porque "tiene efectos sobre este mandato y los dos siguientes", por lo que todo lo relativo a esta medida "debe ser objeto del máximo debate". A tal efecto, ha rememorado, que el Gobierno municipal del PP, durante el debate plenario por vía de urgencia del mencionado plan, se remitió al siguiente debate a cuenta de la necesaria aprobación de este crédito valorado en 59 millones de euros.

"Ahora dicen que esa autorización puede prosperar sólo con la junta de gobierno. Es un atropello democrático, una cobardía política aunque haya argumentos legales para hacerlo así", ha manifestado.