Remedios Sánchez, acusada del asesinato de 4 ancianas , de cinco en grado de tentativa así como de cometer ocho robos con violencia y otro en grado de tentativa en Barcelona, se ha negado a declarar esta mañana durante la hora en que ha estado ante el juez del juzgado de instrucción número 16.

La detenida ya se negó anteriormente a declarar ante los Mossos d'Esquadra y la juez de guardia .

Su abogado, Josep Maria Cusí, manifestó a la salida del juzgado de instrucción que la actitud de su cliente "no es una táctica de la defensa hoy por hoy" sino que viene motivado porque la acusada "no está preparada" para enfrentarse a un interrogatorio.

Cusí dijo que Remedios no busca un "enfrentamiento" con el juez, que anteayer levantó el secreto de sumario de la causa: "es una decisión única y personal que se debe respetar", dijo.

Más colaboradora

La presunta asesuna se mostró un poco más colaboradora y firmó el acto de la comparecencia, algo que no hizo en su comparecencia el 7 de julio ante la juez de guardia a la que no le dijo ni su nombre.

En el documento, el magistrado y el Ministerio Fiscal hizo constar todas las cuestiones que la imputada se negó a responder entre las que estaban, por orden cronológico si cometió cada uno de los hechos que se le imputan.

Remedios salió del juzgado de instrucción con la cabeza tapada con una chaqueta y tras negarse a declarar volvió a la carcel de Can Brians donde está ingresada desde el 7 de julio en el enfermería del centro penitenciario.

Ruedas de reconocimiento

El abogado defensor dijo que el mutismo de su cliente no equivale a que la instrucción del caso se paralice.

De hecho las diligencias proseguirán el 5 de septiembre cuando está previsto que la imputada se someta a ruedas de reconocimiento para que los testigos y las ancianas que sobrevivieron a las agresiones tengan la oportunidad de identificarla.

A partir del 6 de septiembre está previsto que comparezcan ante el juez los testigos propuestos por las partes, entre ellos las víctimas de las agresiones y los robos.

Por ahora, tan sólo la familia de la última anciana asesinada, María S.R., se ha personado en la causa como acusación particular, mientras que el Ajuntament de Barcelona ejercerá la acción popular.

Tanto la Fiscalía como la defensa han solicitado que la imputada sea sometida a exámenes psiquiátricos para determinar su estado de salud mental.