El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado este martes que se abrirá una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el proceso que actualmente este abierto con respecto al edificio de la Plaza de Zorrilla de Valladolid, donde tiene su residencia el propio primer edil, y que cuenta con una sentencia contraria y tres autos judiciales que reclaman la legalización del inmueble.

Todo ello, después de un Pleno municipal en el que los votos del Grupo Popular echaron abajo la moción conjunta presentada por Izquierda Unida y el PSOE para que se cree una comisión de investigación para determinar posibles responsabilidades políticas y económicas en las actuaciones llevadas a cabo con respecto a este edificio.

Sin embargo, en la rueda de prensa que habitualmente ofrece el regidor vallisoletano a la conclusión de los plenos municipales, León de la Riva ha anunciado que cuando concluya el proceso judicial —actualmente una arquitecto municipal elabora el cuarto proyecto de restitución— "habrá una comisión de investigación" que dará acceso a los portavoces de la oposición a "todos los datos y documentos" sobre este inmueble. El plazo establecido para presentar la propuesta del Ayuntamiento concluye a finales de mes.

Los representantes de la oposición Manuel Saravia y Javier Izquierdo, así como el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Pablo Gerbolés, que intervino antes del debate de la moción, defendieron la creación de esta comisión ante las numerosas "cosas raras" que a su juicio existen en un proceso que acumula ya una sentencia y tres autos judiciales contrarios a los intereses del Ayuntamiento.

Así, se ha recordado de nuevo que, según las informaciones de Javier Izquierdo, el técnico municipal que firmó el proyecto de modificación "comparte despacho" con uno de los propietarios de viviendas en el inmueble y que el alcalde, quien por aquel entonces era vicepresidente de Caja Duero, propietaria del inmueble, firmó el préstamo hipotecario de su vivienda sólo unos días después de que el Ayuntamiento concediera la licencia de obras.

Los grupos municipales de la oposición consideran necesario que los ciudadanos conozcan datos, después de la sentencia del 28 de abril de 2008 (la 728/2008) sobre las ilegalidades del edificio, que anulaba la aprobación del proyecto original; y diversos autos posteriores que requerían su ejecución (31 de julio de 2009) y declaraban la nulidad de los acuerdos de aprobación de tres proyectos sucesivos de restitución de legalidad (de 28 de julio de 2010, 15 de marzo de 2011 y 28 de marzo de 2012).

Por su parte, la concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, quien ha aseverado que "la gente en la calle no está preocupada" por este asunto que, según los grupos de la oposición ha supuesto ya un coste de 700.000 euros para el Ayuntamiento, y ha recordado que los problemas legales responden a la "complicada" situación del inmueble, que ha sufrido diversas modificaciones en sus 65 años de historia y que, en el año 2000, requería una intervención como la que se llevó a cabo.

"aquí huele a podrido"

A la conclusión del debate, el histórico dirigente de la Federación vecinal Ángel Ceballos, que se encontraba entre el numeroso público presente en las tribunas del Salón de Plenos ha apelado al primer edil por uno de sus nombres de pila, "Javier", y le ha reprochado que "en la Plaza Mayor huele a podrido". Posteriormente, ha abandonado la sala sin que fuera necesaria la intervención de las fuerzas del orden.

No obstante, el asunto que ha centrado el protagonismo en la jornada plenaria ha sido la modificación del reglamento de la Escuela de Música Mariano de las Heras, con la presencia de padres de alumnos y profesores en el graderío e incluso con enviados de un conocido programa de La Sexta que, finalmente, en la rueda de prensa posterior al Pleno ha planteado a León de la Riva varias preguntas sobre la subvención de 180.000 euros para la corrida de toros y las novilladas de promoción de San Pedro Regalado.

Los representantes de Izquierda Unida, Alberto Bustos, y PSOE, Óscar Puente, han recalcado que el Ayuntamiento persigue una "privatización" de una Escuela "reglada" que derivará en su "desmantelamiento". El presidente del Grupo Socialista ha calculado que el coste de este centro para las arcas municipales sería de unos 300.000 euros al año, cifra similar a la suma de las subvenciones destinadas a los toros y, según sus datos, al torneo de pádel que acogerá la Plaza Mayor este verano.

Mientras tanto, la concejal de Participación y Atención Ciudadana, Domi Fernández, ha querido "tranquilizar" a los usuarios de la Escuela y ha garantizado su existencia "no sólo un año o dos, sino para el futuro" al tiempo que ha manifestado la voluntad del equipo de Gobierno de estudiar alegaciones presentadas que plantean aspectos como una titulación mínima exigida para el profesorado, la apertura en horario matinal para adultos o la regulación de los talleres para ex alumnos, que según su opinión actualmente "son un negocio para la empresa adjudicataria".

Hasta siete años de formación musical

En definitiva, ha añadido, se pretende modificar el reglamento para que el Ayuntamiento pueda suscribir un nuevo contrato con un adjudicatario "más acorde a las necesidades de los usuarios y de la situación económica de la ciudad".

No obstante, existen discrepancias entre los recorridos formativos que pueden seguir los alumnos actualmente y los que establece el nuevo documento. Según los alumnos, actualmente se puede asistir a cuatro años de 'Música en Movimiento' para niños de cuatro a ocho años, otros cuatro de 'Instrumento' para perfeccionamiento y dos más si se precisa repetir alguno de los cursos. Ahora, han lamentado, se reducirá el segundo ciclo a "dos años".

Sin embargo, Domi Fernández ha explicado que los ciclos infantiles quedarán como están y que la fase superior, que en otra ocasión fue calificada de "ruinosa" por el alcalde de la ciudad, quedará con dos cursos de 'Instrumento' y uno más de 'Formación en conjunto', que según la edil actualmente abarca dos años, sin referencia a la posibilidad de repetir. Por ello, ha advertido de que actualmente los alumnos pueden permanecer durante "12 años".