Poco a poco los bancos van dando el paso y parecen estar asumiendo su compromiso para reducir el problema de los desahucios, ese al que les "obligaban" las Administraciones. En Cataluña, Generalitat y CaixaBank han firmado el primer convenio de mediación para evitar desahucios y ejecuciones hipotecarias.
CaixaBank es la primera entidad que se acoge al acuerdo aprobado por la Generalitat en el mes de octubre de 2011 para impulsar los procesos de mediación para evitar las ejecuciones hipotecarias en los casos de impago por dificultades económicas.
La mediación entre la entidad financiera y la familia se realizará con la coordinación de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, mediante la oficina de atención a familias sobreendeudadas, Ofideute.
El proceso se iniciará cuando la entidad financiera y el deudor no hayan llegado a un acuerdo previo y, ante esta situación, CaixaBank se ha comprometido a someter estos casos concretos a los servicios de Ofideute antes del inicio del proceso judicial de ejecución de la hipoteca.
Ofideute tendrá 30 días para elaborar una propuesta pactada con la familia, y CaixaBank dispondrá de 15 días para aceptarla, hacer una propuesta alternativa o rechazarla.
En sus dos años de funcionamiento, Ofideute ha atendido a 1.045 familias y se han iniciado 732 procesos de mediación, de las que un 43% se han resuelto con una solución pactada que ha evitado es desahucio, un 23% está en trámite y un 34% de las mediaciones se han cerrado sin acuerdo.
El código se queda pequeño en el País Vasco
En el País Vasco, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha pedido a las entidades financieras que operan en Euskadi que colaboren con el plan de asesoramiento y mediación para evitar desahucios impulsado por el Gobierno Vasco porque también puede ser beneficioso para los bancos.
El Código de Buenas Prácticas para las entidades permite que las familias en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60% a la cuota hipotecaria, puedan refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda.
La primera condición es que este inmueble no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 euros en los núcleos más pequeños. Según Arriola, ese límite crediticio es "restrictivo" y limita su aplicación en Euskadi, de ahí que el Gobierno Vasco haya querido complementarlo con su plan de mediación.
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