El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, se refirió este viernes a los casos de los niños robados explicando que, en su opinión, existió una "organización" de adopciones donde se produjeron "excesos", aunque descarta que esta constituyese una "trama" entendida como organización criminal para delinquir.

En una entrevista en Telecinco, el fiscal jefe confesó que no tiene datos para decir que existió una trama organizada en España entre los años 60 y 80 para robar recién nacidos y dárselos a otras familias.

Sin embargo, Esteban añadió que sí que cree que hubo "una organización para facilitar adopciones", algo que "era factible en aquella época" porque la adopción "no estaba regulada" y se hacía "de forma particular y privada".

Esteban rechaza que todas las adopciones fueran "incorrectas", aunque pudo haber irregularidades en "bastantes" de ellas. "En algunos casos consistió en falsificar documentos y eso no lo perseguimos porque entendemos que la falsificación está prescrita", apuntó.

Otras situaciones, a su juicio, están más claras. Este sería el caso de la investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid con Sor María como única imputada de momento. "Creemos que se llegó a tal extremo que probablemente y con algún indicio se quitó el bebé a su madre, pero no existía una trama", insistió.

Y es que, según manifestó, los investigadores "nunca" han visto una cantidad que supusiera "comprar el bebé" sino más bien dinero destinado a pagar los gastos médicos o los gastos hospitalarios (20.000 pesetas en los años 60 o 40.000 pesetas en los años 80) porque muchas de las clínicas eran privadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, han llegado hasta la Fiscalía de Madrid unos 240 casos, de los cuales, la inmensa mayoría se ha cerrado porque ha sido imposible encontrar pruebas de que se ha cometido un delito.

La comparación del ADN de los niños con sus posibles familiares no se ha podido llevar a cabo en la mayor parte de los casos, toda vez que pasados diez años del enterramiento, los restos de los niños pasaban al osario común.

De todas las denuncias recibidas, solo se han hallado restos en tres casos. Uno corresponde al caso de un bebé que fue enterrado en el cementerio de La Almudena, y con el paso del tiempo se trasladó a una fosa de propiedad familiar. Otros restos se trasladaron a Barcelona, donde procedieron a la exhumación, tomaron muestras y están pendientes de la prueba de ADN.

Un tercero corresponde a los restos de un bebé que fueron trasladados a un pueblo de Toledo. De momento, están pendientes de que se practique la exhumación para tomar las muestras oportunas.

Además de la imputación de Sor María o de los tres casos con restos humanos, Esteban detalló que se dan otras causas donde no se ha avanzado de momento porque desconocen a qué personas se puede imputar. La realización de pruebas será determinante para avanzar en este sentido. En otros casos, las personas que aparecen como responsables de la asistencia médica han fallecido ya.

El fiscal jefe de Madrid aseguró también este viernes que la Fiscalía ha tratado el asunto con "todo el rigor", tal y como les pidió la Fiscalía General del Estado. En este sentido, ha lamentado que "hay veces que llegas" y te das "con la pared" que es "el tiempo que ha transcurrido y que dificulta" la investigación.

"El lenguaje jurídico es distinto al periodístico o social y para poder abrir un procedimiento judicial es necesario tener pruebas, no basta con tener sospechas, hay que demostrarlo", explicó para señalar, posteriormente que eso es lo que les ha faltado "porque el tiempo dificulta las cosas".

"Si dejáramos pasar seis meses o un año para investigar cualquier tráfico de drogas de los que tenemos en la actualidad sería imposible ya investigarlo. Aquí estamos hablando de 20 y 30 años, ahora nos resulta imposible en muchos casos llegar más allá de meros documentos que no tienen una certeza absoluta", añadió.

Sobre las cuestiones penales, Eduardo Esteban recalcó que en algunos casos de niños robados está persiguiendo un delito que no ha prescrito, el de detención ilegal, porque lo considera un delito de naturaleza permanente.