Un teléfono móvil no puede arreglarles su situación ni hacerles olvidar el calvario de la amenaza, pero a muchas mujeres les salva la vida. «Se sienten psicológicamente más fuertes y el agresor se retrae nada más saber que lleva un teléfono y pueden pillarle», explica la presidenta de la plataforma Violencia Cero, Lola Rodríguez. Este servicio público está transferido a la Junta, pero lo paga íntegramente el Ministerio de Asuntos Sociales. En los pueblos de menos de 20.000 habitantes lo gestiona la Diputación y en el resto, el Instituto Andaluz de la Mujer.Para solicitarlo, es imprescindible contar con una orden judicial de alejamiento en vigor, y no convivir con el agresor. Durante 2005, 32 mujeres de la provincia necesitaron un móvil para protegerse, según aseguró el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria. Desde entonces hasta la fecha, sólo una se ha dado de baja y ahora son 31 las que cuentan con un teléfono que las proteja de la muerte.