Alejandro acaba de terminar un curso de contabilidad en Famdif y quiere trabajar en una oficina. «Me falta la mano de nacimiento y puedo escribir en el ordenador o trabajar como electricista y fontanero», dice el joven.

Pero nadie le da una oportunidad. «Me paso el día viendo la televisión y me angustia pensar que no logre pronto un trabajo que me permita  independizarme de mis padres», dice. Además, «las ofertas de empleo suelen ser de empleos precarios, para estudiantes», añade.

Aún así, Alejandro es un privilegiado. «Tiene pareja, apoyo familiar y es joven. Hay discapacitados que llevan más de 30 años sin conseguir un trabajo», explica Lucas García, técnico de Famdif.

Alejandro lo tiene claro: «Si no encuentro empleo, me presentaré a oposiciones, porque por ley hay que reservar plazas para discapacitados físicos, aunque no siempre se hace».

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Vista gorda de las empresas

A los discapacitados les cuesta encontrar empleo, pero no debería ser así con la ley en la mano. Desde 1982, la Lismi (Ley de Intervención Social de los Minusválidos) obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a guardar un 2% de su plantilla a discapacitados, y un 5% en las públicas. «Pero no se cumple, sobre todo son las grandes empresas las que ponen más problemas», denuncian Famdif. Y eso, a pesar de que por contratar a discapacitados el Inem da 3.907 euros, 6.000 euros de deducción en el impuesto de sociedades y bonificaciones en la Seguridad Social.