Sesión sobre YPF
Los diputados Liliana Parada (i), Claudio Lozano (c) y Victoria Donda (d), colocan carteles con el logo de YPF en las bancas de los diputados. LEO LA VALLE / EFE

Los legisladores argentinos iniciaron este miércoles una sesión de dos días que culminará con la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol, mientras crece la polémica sobre los problemas energéticos del país.

Queremos una YPF controlada y no en manos de quienes la llevaron a esta condición

El oficialismo prevé repetir la contundente victoria que obtuvo la pasada semana en el Senado y lograr los votos de al menos 200 de los 257 legisladores de la Cámara de Diputados durante la discusión que comenzó esta jornada y que se extenderá hasta este jueves.

El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta, Cristina Fernández, establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y de la empresa YPF Gas.

Los legisladores de la oposición, incluso aquellos que dijeron que votarán a favor del proyecto, acusaron al Gobierno de Fernández y al de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner, de haber implementado malas políticas en el campo energético.

"Como consecuencia de las erróneas políticas aplicadas" comenzó "a descender en Argentina no sólo la producción sino las reservas de gas y petróleo", dijo el diputado del radicalismo Ricardo Alfonsín, quien votará a favor de la iniciativa. "Queremos una YPF controlada y no en manos de quienes la llevaron a esta condición", aseguró a su turno el legislador del peronismo disidente Francisco de Narváez, quien adelantó su voto contrario a la ley.

Críticas de la oposición

El debate coincide con las quejas por los cortes de suministro de gas que sufre la industria argentina en invierno y ha destapado graves conflictos internos en la oposición que, en su mayoría, defiende la expropiación pero no quiere aparecer como cómplice de la gestión del Gobierno.

El mayor conflicto afecta a la Unión Cívica Radical, el principal grupo opositor, que decidió en bloque apoyar la propuesta e intenta evitar que varios de sus legisladores rompan la disciplina de partido y se ausenten del recinto durante la votación. "¿Por qué en nombre de la coherencia histórica de la Unión Cívica Radical tenemos que votar junto con los que controlaron mal YPF y fueron por lo menos cómplices del vaciamiento?", se preguntó el radical Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados.

Desde el entorno del dirigente Ricardo Alfonsín advierten que los legisladores que rompan la disciplina de partido tendrán que asumir las consecuencias.

Tal como ocurrió en el Senado, el proyecto contará en el Parlamento con el rechazo de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y de varios diputados del peronismo disidente.

Cortes de suministro

Mientras los legisladores avanzan en una sesión maratoniana en el Congreso, el Gobierno ha tenido que salir al paso de las quejas sobre el corte del suministro que ha sacudido a buen número de empresas en los últimos días, coincidiendo con una intensa ola de frío.

No queda otra salida que importar

Los cortes en el suministro de gas han afectado al menos a 200 empresas y algunas han sufrido un ajuste de hasta el 70 por ciento, según el diario económico El Cronista.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Antonio Prosanto, salió al paso de las quejas asegurando que las restricciones a las industrias son las "habituales" ante una ola de frío polar para garantizar la demanda residencial.

"La situación de Repsol nada tiene que ver con estas restricciones", agregó el funcionario, en alusión a la decisión del grupo español de cancelar la entrega de GNL (gas natural licuado) por barco a Argentina tras la intervención ordenada por el Gobierno y el anuncio de expropiación de YPF.

La industria no ha sido el único sector que ha acusado los problemas energéticos que arrastra Argentina. La presidenta de la Federación de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica, admitió al diario La Nación que el problema de abastecimiento de combustible es "estructural" y "no queda otra salida que importar", una decisión que choca contra la política de restricción de importaciones del Gobierno de Fernández para evitar la salida de dólares.