El Consejo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) ha acordado este miércoles pedir la retirada del Real decreto-ley de ajustes en el ámbito educativo, sobre el que ha expresado su rechazo "tanto por lo que respecta a la forma como al fondo", ya que "atenta gravemente al modelo de universidad pública y al principio de igualdad de oportunidades previsto en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Universidades".

La UJI ha manifestado "rechazo explícito" a tres de las medidas "por su gravedad". Así, se ha referido a la "injusta" subida de las tasas "en un momento de grave crisis económica que afecta a muchas familias, y que impedirá el acceso a la educación superior de un segmento importante de la población".

Además, se muestra contraria a los mecanismos "arbitrarios" propuestos para valorar la dedicación docente e investigadora del PDI "sin ningún tipo de diálogo y negociación ni con las universidades ni con los sindicatos", así al "atentado intolerable" a aspectos fundamentales de la autonomía universitaria "que están reservados a las instituciones académicas".

La Universidad de Castellón ha manifestado en un comunicado que las medidas contempladas en el Real decreto-ley "no implicarán una mejora de la calidad de la universidad pública ni un mejor posicionamiento de la universidad española en los rankings internacionales", al contrario "comportará un empeoramiento y un retroceso que costará años en recuperar, al mismo tiempo que agravará aún más la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y la internacionalización de nuestros estudios".

Así, la UJI solicita la retirada del Real decreto-ley y el inicio de un proceso de negociación con los rectores de las universidades españolas "para dar una solución efectiva a los problemas que en estos momentos tiene el sistema universitario" e insta a la Generalitat valenciana a "asumir" sus competencias en este ámbito, "garantizando la financiación del sistema universitario público valenciano y el acceso de todos los segmentos de la población a la enseñanza universitaria".

La institución hace una llamada a la sociedad en general, y a la comunidad universitaria en particular, "a participar en la defensa y mejora de la enseñanza universitaria como un servicio público de progreso y de cohesión social".