Así, el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, que las personas "más vulnerables" de la sociedad, "aquellas que, por ejemplo, necesitan un informe social o cualquier otro tipo de documento realizado por las administraciones públicas, acaben teniendo que pagar la situación económica que ellos no han provocado".

"Criticamos este cambio de medidas", ha añadido Araguás, ya que hasta el momento la emisión de este certificado no tenía ningún coste para el solicitante, toda vez que ha afirmado que "la sensación es que poco a poco se cobra absolutamente por cualquier servicio que se debería ofrecer de forma gratuita a la ciudadanía", y que en muchos casos, añade, "ni siquiera va acompañado de una visita, siendo el informe una mera formalidad".

"Es una medida meramente recaudatoria, que no va a mejorar la atención a las personas migrantes ni los plazos", insiste el secretario de Andalucía Acoge, quien recuerda que el Ayuntamiento hispalense "está dentro de una lista no especialmente positiva en el caso de los informes de arraigo social, que de momento no se están cobrando, pero están tardando en ser elaborados prácticamente un año", un plazo que considera "poco razonable" puesto que dicho informe permite que una persona tramite la regularización de su situación pasados tres años.

En este sentido, Araguás lamenta que "se dé la paradoja de que ciertos informes se retrasen hasta lo absurdo, mientras que para otros, además sobre temas tan sensibles como la reagrupación familiar, se empiecen a exigir tasas". Por tanto, "no solo pedimos que se anule esa tasa, sino otras que se están poniendo últimamente en el Consistorio, y que lo único que hacen es reforzar la idea de que la crisis la paguen las personas que la sufren, y no solo hablamos de inmigración, también de ciudadanía".

Por último, Araguás ha instado a "recuperar" el espíritu de trabajo público, y "no tener que pagar al final el servicio público a través de unas tasas, que, además, son bastante elevadas", en relación a los 40 euros que Urbanismo cobrará por el citado certificado de idoneidad de vivienda.