El Pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves la Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, presentada por el actual equipo del PP, que ha contado con el rechazo de todos los partidos de la oposición.

El texto ha contado, además, con el apoyo de la Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, y con la oposición de la Federación Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas (FEPAE) y la Asociación de vecinos es Raval de Santa Catalina.

La concejala de Función Pública y portavoz del Ayuntamiento, Irene San Gil, ha aclarado que el texto "pone solución a una situación que llevaba 32 años sin regularse". Mediante su aprobación, se busca "poner fin" a un problema de convivencia entre el desarrollo de la actividad económica y la ciudadanía.

En este sentido, el Consistorio está "satisfecho" con el debate que ha suscitado la normativa para conseguir "consenso" entre todas las partes implicadas, aunque confiesan que es "imposible conciliar el sector de la restauración que genera empleo con el derecho de los residentes a dormir".

Por ello, la normativa toma ejemplo de otras ciudades españolas para conseguir una ciudad "vivible y de calidad", opina San Gil, aunque añade que "si no funciona se cambia y punto".

El Ayuntamiento resalta que el texto presenta "mejoras", en referencia a un nuevo plan de zonificación que "analizará la idiosincrasia de cada barrio", empezando por la zona de Santa Catalina, y "resolverá" problemas de contaminación acústica. Además, se constituirá una Comisión de Seguimiento como "punto de encuentro" entre la Administración y los ciudadanos. Finalmente, el texto añade que se aumenta el periodo transitorio de aplicación, de un año a dos años.

Texto ambiguo para la oposición

Sin embargo, la portavoz adjunta de la coalición PSM-IV-ExM, Marisol Fernández, ha criticado el texto "confuso, profuso y difuso", porque "no" defiende el espacio libre y no ocupable de la ciudad. Por contra, considera que impulsa la "ocupación excesiva" y genera "inseguridad jurídica".

En la misma línea, el regidor del grupo municipal PSIB-PSOE, Antonio Donaire, califica la nueva Ordenanza de "arbitraria y ambigua" que generará "inseguridad" en la actividad que se desarrolla en la vía pública. Además, Donaire ha criticado la "falta de participación" y la "confusión" durante el periodo de aprobación del texto.

Ante estas críticas, San Gil ha respondido que el lenguaje del texto es "claro, técnico y administrativo" y "no entra en literaturas". Así, ha propuesto que "quien tenga una duda que acuda al diccionario de la Real Academia Española". Además, ha añadido que su equipo "pone orden" a los problemas que han suscitado los ejes "incívicos y nefastos" que realizó el anterior Consistorio.

Sanciones y accesibilidad

El grupo municipal nacionalista PSM-IV-ExM considera "excesivo y desproporcionado" el régimen de sanciones que presenta el texto y ha propuesto su intercambio por actividades sustitutorias. Una enmienda "inviable" para el Consistorio porque el texto aplica la normativa de la Comunidad Autónoma, con un mínimo de sanción de 100 euros. "El objetivo es disuadir el incumplimiento", ha explicado San Gil.

Otra de las cuestiones que ha suscitado diferencias entre los partidos ha sido la anchura del espacio no ocupable, que pasa de 3 a 2 metros. "Se está acorralando al ciudadano", ha valorado Fernández. Sin embargo, San Gil ha hecho referencia al reglamento de accesibilidad que establece un mínimo de 1,80 metros, por lo que la Ordenanza "respeta las barreras de accesibilidad para personas invidentes o minusválidas".

El PSM-IV-ExM proponía que las empresas realizaran una "consulta obligatoria" al conjunto de vecinos de los inmuebles que resultaran afectados por una actividad de restauración. Algo "inviable" para San Gil porque "en ningún caso la comunidad de vecinos es quién para opinar sobre la ocupación de la vía pública".