Sólo cuatro de los doce proyectos que han sido auditados de infraestructura portuaria cofinanciados por la Unión Europea (UE) en España durante el periodo 2000-2006 pueden considerarse "eficaces", mientras que el resto no cumplen los objetivos comunitarios o ni siquiera se han terminado a tiempo, según un informe publicado este miércoles por el Tribunal de Cuentas Europeo.

Los proyectos eficaces, según el Tribunal, son las construcciones portuarias en Ferrol (Galicia), con una ayuda de 38,5 millones de euros; la construcción de un dique de protección y renovación de una terminal en el puerto de Las Palmas (Canarias), que se benefició de 11,9 millones; y los dos muelles en San Juan de Nieva en Avilés (6,5 millones).

Dos de los proyectos son tachados por el Tribunal de Cuentas de "ineficaces". Se trata de los "puertos vacíos" de Campamento (Andalucía), que se benefició de 16,5 millones de euros de fondos europeos, y Arinaga (Canarias), que recibió 11,7 millones.

Resto de infraestructuras auditadas

El resto de infraestructuras portuarias auditadas en España "no contribuían al logro de objetivos de la política de transportes" de la UE. Se trata en particular del desarrollo del puerto deportivo de Chipiona (Andalucía), con 2,1 millones de fondos europeos; un edificio para la policía portuaria en Cádiz (700.000 euros), una lonja en A Coruña (9,3 millones) y un proyecto de renovación viaria en Avilés (1,2 millones).

Otros proyectos, como el del puerto de Gijón o las nuevas instalaciones portuarias en Punta de Langosteira (Galicia) no estaban concluidas en el momento de la fiscalización (finales de 2010) debido a "retrasos y problemas".

"El proyecto de Gijón, que recibió 248 millones de euros de cofinanciación, se había notificado al Tribunal como finalizado en enero de 2011. El proyecto de Punta de Langosteira, que había recibido 258 millones de euros del Fondo de Cohesión, no se había finalizado a mediados de 2011", dice el informe.

El Tribunal de Cuentas pide a la Comisión que el futuro extreme los controles sobre las obras financiadas para garantizar que se ajustan a los objetivos de la UE y se completan en los plazos previstos.