El Grupo Parlamentario Socialista pide que la Ley de Autoridad del Profesorado, promovida por el PP, contemple reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar las plantillas con profesionales docentes y otros profesionales especializados en el campo social.

Así se desprende de una de las 25 enmiendas al proyecto de ley presentadas por los socialistas en las Cortes —el Grupo Popular no ha presentado ninguna—, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que serán debatidas y votadas este miércoles en la Comisión de Educación y Ciencia de las Cortes de Castilla-La Mancha.

En ellas reclaman además que se mejore la acción tutorial garantizando el horario suficiente para llevarla a cabo, así como disponer los medios y recursos que permitan desarrollar los planes de convivencia de centro como parte de su proyecto educativo.

Los socialistas también sugieren que se preste "una atención especial para la promoción de planes de igualdad" y para el fomento de igualdad efectiva entre hombres y mujeres" y que concrete "planes de formación específicos para afrontar la resolución de conflictos y mejorar la mediación".

En sus enmiendas, el PSOE propone que la ley profundice en las medidas preventivas y correctoras de carácter educativo sin limitarse a las meramente sancionadoras; que organice la participación efectiva del alumnado en la elaboración de las normas del centro y del aula; y que articule medidas que faciliten la coordinación y el funcionamiento de los equipos docentes.

Los socialistas reclaman asimismo desarrollar programas de asesoramiento y formación específicos dirigidos a profesores, equipos directivos y otro personal del centro, y programas de formación y de intercambio dirigidos al alumnado.

Defiende el PSOE que todas estas medidas "completan y mejoran de forma sustancial las medidas encaminadas a lograr la más completa protección y mayor reconocimiento social del profesorado de Castilla-la Mancha".

Autonomía de los centros

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido que se suprima el apartado de la ley que establece que la Consejería de Educación establecerá la homogeneización de las medidas educativas correctoras o disciplinarias para que, según establece el proyecto de ley, "todos los centros tengan la misma respuesta ante los alumnos que causen de forma intencionada o por negligencia daños en las instalaciones".

El PSOE asegura que dicha homogeneización por parte de la Consejería "socava el principio de autonomía de los centros a la hora de definir su proyecto educativo y sus normas de convivencia, pues se impone un reglamento externo".

La propuesta de los socialistas es que se recoja en los planes de convivencia de cada centro las fórmulas por las que los alumnos deberán reparar los daños causados de forma intencionada o por negligencia.

Dentro de este apartado, denominado 'Responsabilidad y reparación de daños', los socialistas abogan por incluir un nuevo apartado que especifique que "quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente". Además, inciden en el deber de todos los centros docentes de tener aprobadas las Normas de Convivencia.

Los socialistas también pretenden que se supriman varios párrafos de la Exposición de Motivos de este proyecto de ley, alegando que contienen juicios de valor y opiniones "totalmente subjetivos y no avalados por ningún tipo de estudio científico que las sustente".

Dentro de la Exposición de Motivos, el proyecto de ley del Gobierno regional recoge entre otras cosas que "es creciente la sensibilización de la sociedad en la necesidad de transformar el sistema educativo reforzando la autoridad del profesor para luchar contra el fracaso escolar".

Asegura también en el sistema educativo de la región está marcado por "la costumbre de ver la escuela como centro donde prevalece el derecho de algunos alumnos frente al del profesor o al resto de los alumnos por la errónea concepción de los centros educativos como centros asistenciales".