La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, ha asegurado este martes que la Junta acoge con "pesadumbre" la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, de decretar el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo, quien sigue manteniendo la "presunción de inocencia".

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que la Junta, parte acusadora en el caso, no considera "necesario" el ingreso en prisión de Fernández como medida cautelar y ha defendido que hubiera sido "suficiente con una fianza para hipotéticas responsabilidades civiles y la comparecencia periódica en los tribunales".

Moreno, que ha destacado el "trabajo intenso y positivo" de Fernández en el Gobierno andaluz "durante muchos años" en la solución de conflictos sociolaborales, ha subrayado la voluntad de la Junta de "seguir colaborando con la Justicia en el total esclarecimiento del caso y llegar hasta el final", de forma que "se castigue a los culpables y se recupere el dinero defraudado".

Ha deseado que Fernández, a lo largo del proceso penal, pueda defender su inocencia, "cuya presunción sigue conservando a día de hoy". Ha indicado que la representación procesal de la Junta ha considerado que una fianza para hipotéticas responsabilidades civiles y comparecencias periódicas en el juzgado hubieran "sido medidas cautelares suficientes" para el exconsejero, motivo por el cual no se ha apoyado su entrada en prisión preventiva.

Preguntada sobre si el ingreso en prisión de Fernández puede marcar al nuevo Ejecutivo andaluz, Moreno ha manifestado que todo el mundo sabe que el caso del fraude de los ERE "es un caso del pasado que en modo alguno afecta a este Gobierno saliente y mucho menos al futuro Gobierno". Ha indicado que a la Junta se le debía exigir, tal y como ha hecho, diligencia en la denuncia, en la investigación y en la colaboración con la justicia, y el futuro Gobierno "va a trabajar, como siempre han trabajado los gobiernos de la Junta, con la máxima honestidad".

En cuanto a si cree que este último hecho podría afectar a la hora de que las bases de IU se pronuncien en su referéndum en relación con el posible pacto de gobierno con el PSOE-A, la consejera de Presidencia en funciones ha insistido en que se trata de un caso "del pasado que no afecta ni a este Gobierno ni va a afectar al futuro Gobierno de Andalucía".

Asimismo, preguntada sobre si cabe la posibilidad de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el actual jefe del Ejecutivo andaluz en funciones, José Antonio Griñán, asumieran responsabilidades por el hecho de que Fernández fuera consejero de ambos, Moreno ha señalado que la principal responsabilidad de un Ejecutivo es luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción y contra cualquier comportamiento deshonesto y eso lo ha hecho el "Gobierno de Griñán con una enorme valentía desde el minuto uno".

Respecto a si se mantendrá en su cargo al actual director general de Empleo Daniel Rivera, imputado también en este caso, Mar Moreno se ha limitado a señalar que el futuro Gobierno será cosa del futuro presidente y los equipos ya se diseñarán. No obstante, ha reiterado que para la Junta hay una línea muy clara que separa la gestión del actual director general, que ha sido "impecable y que ha sido el principal colaborador e impulsor de la investigación".

No se ha afrontado el caso "con temor,

Sino con valentía"

Ha querido dejar claro que la Junta en ningún momento ha afrontado este caso con ninguna clase de "temor", sino todo lo contrario, "con valentía a la hora de investigar, de denunciar y de llegar hasta el fondo de este asunto, afecte a quien afecte".

Mar Moreno ha recalcado que la Junta ha sido "firme y contundente" en la denuncia e investigación de este caso y ha venido compartiendo con la fiscalía su posición, coincidiendo en las medidas cautelares que se adoptaron en el caso del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero y de su chofer.

Ha insistido en que la Junta va a seguir trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso y la depuración total de responsabilidades, que ha sido la "intención del Gobierno desde el minuto uno, llegar hasta el final, que se castigue a los culpables y que podamos recuperar hasta el último euro defraudado"

La consejera también ha indicado que la Junta sigue manteniendo la misma posición que defendió desde el primer minuto, esto es, que el conjunto de la partida 31L (ayudas sociolaborales que ha gestionado la administración autonómica) no son ilícitas en su conjunto, sino que ha habido determinadas ayudas que se han utilizado de forma fraudulenta.

"Que un procedimiento sea más o menos idóneo, no le da una naturaleza penal de por sí", según Moreno, quien ha agregado que el Gobierno andaluz entiende que el grueso de la responsabilidad sigue estando en la gestión "de las ayudas que aparentemente han sido fraudulentas o alguien se ha podido aprovechar de ellas".