El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha prometido este jueves al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que las regiones españolas contribuirán a cumplir el objetivo pactado para limitar el déficit de España en 2012 al 5,3% en un encuentro en Bruselas.

"Nosotros este año 2012 estamos obligados a observar un límite de déficit, equivalente al 1,5 por ciento de nuestro PIB regional", ha explicado Herrera en declaraciones a la prensa tras reunirse con Almunia, al que ha trasladado que las regiones españolas se comprometen a hacer un "esfuerzo presupuestario" para ello.

"Y en eso estamos también en Castilla y León, definiendo un presupuesto para el año 2012 que se contraiga y cumpla estrictamente el 1,5 por ciento del déficit público" para las regiones, ha precisado.

Herrera ha reconocido que las comunidades autónomas españolas son "conscientes" de que la Comisión Europea atribuye el desvío en el objetivo de déficit de España en 2011 a los desequilibrios en las regiones, pero ha insistido en que éstos desvíos "no se deben a abusos o extralimitaciones de gasto por parte de las Comunidades Autónomas" sino a "una durísima caída de los ingresos y recursos públicos".

Dicha caída de ingresos "consecuencia del momento de crisis económica prolongada y muy grave en el caso de España con ya dos recesiones" es la responsable en su opinión del "auténtico agujero en la financiación" de las competencias "básicas" de las comunidades autónomas como son la sanidad, servicios sociales y educación que, por su parte, "tienen un gasto muy definido, fijo, estructurado y muy poco elástico". "Es un problema que hay que trasladar también al conjunto de la Unión Europea cuando lógicamente plantea dudas acerca de qué ocurre con el sistema de autonomías", ha explicado.

"Hasta que no haya ningún cambio en ese marco de compromisos (del déficit pactado), las instituciones europeas, los mercados, los agentes que son los que nos están prestando durante los últimos años el dinero que nos está permitiendo funcionar, nos va a exigir que cumplamos con el 5.3 por ciento", ha explicado.

Nueva dulcificación de los objetivos

Aunque Herrera no ha descartado "que pueda negociarse" en el futuro "la dulcificación de determinados compromisos de consolidación fiscal", ha insistido en que las comunidades autónomas cumplirán su parte. "Los compromisos son compromisos de España y por tanto de las comunidades autónomas", ha justificado.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha admitido que no ha abordado con Almunia la posibilidad de relajar más los objetivos de déficit para España porque "no le corresponde negociar eso a una comunidad autónoma" y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ya "logró dulcificar" el objetivo hasta el 5,3 por ciento del objetivo de déficit frente al 4,4 por ciento pactado previamente.

Herrera y Almunia han repasado las medidas de consolidación fiscal "imprescindibles en los términos actualmente pactados" impulsadas por el Gobierno de Rajoy, así como las reformas estructurales, incluida la reestructuración del sector financiero español y cuya "culminación", ha explicado, "es fundamental para que un factor básico para la reactivación económica como es la disponibilidad del crédito para las inversiones tenga lugar en España".

Revisión ayudas públicas

Ambos también han tenido ocasión de analizar la revisión del esquema de las ayudas públicas para las inversiones privadas que contribuyan al crecimiento y la creación de empleo para el periodo 2014-2020 que plantea el Ejecutivo comunitario, ha explicado Herrera.

El presidente de la región ha reconocido que "algunos de los criterios" para autorizar estas ayudas públicas planteados por la Comisión "pueden favorecer" a Castilla y León como la posibilidad de comprar los datos de riqueza per cápita y la tasa de desempleo "en relación a la media de la Unión Europea" y no de cada país, mientras que hay "otros criterios" en su opinión "más discutibles" como limitar "exclusivamente" estas ayudas "a las pequeñas y medianas empresas" sin que se puedan destinar a "proyectos que planteen las grandes empresas". También pide un criterio de densidad de población baja menos reducido para permitir que la región pueda "administrar ayudas empresariales con una especial intensidad".