Los sindicatos CC.OO. y CIG afirman que el real decreto de medidas urgentes en materia de sanidad que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) introduce también cambios en la legislación laboral del personal a servicio del Sistema Nacional de Salud.

Medidas que, según advierte la secretaria de la federación de sanidad de CC.OO. de Galicia, Lola González, a través de un comunicado, "ni se debatieron ni se negociaron".

"Así, el personal funcionario se deberá integrar en el régimen estatutario antes del 31 de diciembre, se suspenden los complementos de pensión de jubilación, se hará obligatoriamente reversible y no consolidable el reconocimiento de la carrera profesional y, por último, las comunidades autónomas tendrán que cambiar sus normas para adaptarlas a la nueva legislación", explica González.

Por su parte, CIG-Saúde asegura en otra nota de prensa que ya se dirigió por carta a la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera y a la directora de Recursos Humanos, Esperanza Fernández Lago, "tras recibir, vía correo electrónico, una comunicación de esta última".

Según apunta la central nacionalista, la responsable de recursos humanos indicó que "ya se están analizando las citadas medidas en su conjunto y, de una forma específica, las que tienen repercusión en el área de recursos humanos y sean susceptibles de tratamiento en la mesa sectorial".

"Esta afirmación indica que en la consellería, o cuando menos en el departamento de Recursos Humanos, ni siquiera se tenía conocimiento de las medidas que se dictan desde Madrid unilateralmente e invadiendo competencias de esta administración, y que se aceptan y acatan sin oposición de ningún tipo", reprueba la CIG.

"sumisión absoluta"

De esta forma, la organización sindical acusa a la Xunta de "sumisión absoluta a los dictados del Gobierno central" y avisa que "no tolerará que se acepte de buen grado esta invasión".

Este tipo de medidas se suman al copago, que, según la central, "no solo" es farmacéutico sino también "sanitario". CC.OO. también se refiere a las repercusiones del "medicamentazo" para toda la ciudadanía y anuncia una manifestación el próximo domingo, día 29, en defensa de la sanidad y la educación públicas.