El Gobierno vasco cree que existe "margen" para acordar la Ley Municipal con el PNV y el PP, aunque ha fijado como "líneas rojas" irrenunciables que el texto incluya un "listado exhaustivo" de competencias, que los ayuntamientos tengan una presencia "directa" en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) y que el Parlamento participe en el reparto de fondos a los municipios.

El secretario de Presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Salinero, se ha pronunciado de esta forma en relación con el Proyecto de Ley Municipal del Ejecutivo autonómico, que ha recibido el aval de la Comisión Arbitral, tras el rechazo de este organismo a casi todas las alegaciones presentadas por las diputaciones de Álava y Bizkaia, que consideraban que el texto vulneraba sus competencias.

Salinero, al término del Consejo de Gobierno semanal, ha explicado que el Ejecutivo remitirá al Parlamento —en el que la tramitación del proyecto permanecía paralizada por los citados recursos— el cambio introducido en el texto para solventar el único problema detectado por la Comisión Arbitral, referido a la gestión de vías urbanas.

Además, ha indicado que, tras el aval de la Comisión Arbitral

—órgano encargado de resolver los conflictos de competencias entre las administraciones vascas—, el Gobierno ha pedido al Parlamento que levante la suspensión de la tramitación del proyecto.

El secretario de Presidencia del Ejecutivo autonómico ha destacado que la decisión de la Comisión demuestra que el proyecto de ley "respeta plenamente" el reparto de competencias fijado por el Estatuto de Autonomía de Gernika, por lo que ha confiado en que se desbloquee la tramitación del texto en el Parlamento.

"recuperar tiempo"

Además, tal y como indicó la semana pasada, ha considerado que la Ley Municipal podría aprobarse en esta legislatura, de la que, salvo que se produzca un adelanto electoral, queda aún cerca de un año. Con ese objetivo, el Gobierno está contactando con los grupos de la Cámara para tratar de "recuperar el tiempo perdido".

En referencia a la decisión de las diputaciones de Bizkaia y Álava de recurrir el proyecto de ley, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" a la hora de acudir a la Comisión Arbitral, dado que con estas impugnaciones se producen importantes retrasos en la tramitación de leyes.

Salinero ha confiado en que la Ley Municipal "deje de ser objeto de pim,pam,pum político", dado que es una norma importante, puesto que pretende "clarificar las competencias, evitar duplicidades y garantizar una financiación suficiente" para los ayuntamientos.

En este punto, se ha referido a las declaraciones del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, en relación a la actitud del presidente de la Comisión Arbitral, Juan Luis Ibarra, al haber decantado con su voto la decisión de este órgano sobre los recursos al proyecto de ley.

Bilbao señaló la semana pasada que, con la decisión de Ibarra, la Comisión "ha dado la razón a las tesis exclusivas y solitarias" del Gobierno vasco. Salinero ha pedido al diputado general de Bizkaia una "rectificación formal" porque con este tipo de declaraciones hace "un flaco favor" tanto a la Comisión Arbitral como al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, también presidido por Ibarra.

"líneas rojas"

El secretario de Presidencia del gabinete de Patxi López ha indicado que pese al rechazo mantenido hasta ahora por el PNV y el PP al proyecto de ley —ambos partidos gobiernan las diputaciones de Bizkaia y Álava, respectivamente— existe "margen político" para lograr un acuerdo en el Parlamento vasco. De hecho, el PSE-EE necesita del apoyo de alguna de estas formaciones para lograr una mayoría suficiente que permita aprobar la norma en el Legislativo.

De todas formas, Salinero ha establecido las "líneas rojas" que el Gobierno considera irrenunciables. Una de ellas es que la ley fije un listado exhaustivo" de competencias que clarifique el reparto de las materias que han de gestionar los ayuntamientos.

Además, el Ejecutivo considera imprescindible que los ayuntamientos tengan una presencia "directa" en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) y que el Parlamento participe en el reparto de fondos a los municipios, del que actualmente se encargan las diputaciones.