El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido aprobado definitivamente este miércoles por la mayoría del pleno del Senado y con el apoyo de CiU.

El texto de la nueva Ley de Estabilidad, que establece un déficit cero para todas las administraciones a partir de 2020, ha sido apoyado por 155 votos y ha recibido 59 en contra y 5 abstenciones. El PP ha contado con el apoyo de CiU, UPN y la abstención del PNV y CC, mientras que en contra han votado, entre otros, Entesa Catalana, PSOE y el vasco EA.

Los socialistas han reprochado al Gobierno que no haya llegado a un pacto más amplio y no haya aceptado que el déficit público estructural llegara al 0,4 % del PIB, en lugar de situarlo en el 0%.

Durante el debate, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la Ley restaurará la confianza y la imagen de España, "que es tarea fundamental, aunque nada fácil".

Ha dicho que la norma podrá estar en vigor desde el 1 de mayo y ha aseverado que el Gobierno no dudará en aplicar la Ley ante aquellas comunidades que no cumplan con sus compromisos de déficit.

"Hay que actuar con decisión y firmeza y hacer una gestión transparente de las finanzas públicas", ha dicho, tras destacar el signo de austeridad que deben tener las cuentas de todas las administraciones.

El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado queda en los mismos términos en los que provenía del Congreso, ya que ha sido rechazado el veto de ICV y las 97 enmiendas presentadas en el Senado, aunque algunas de ellas podrían introducirse en el desarrollo reglamentario de la Ley o en futuras normas.

En este sentido el portavoz de CiU Ferrán Salvado Bel ha anunciado que su grupo parlamentario presentará enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 para "arreglar" lo que ha calificado como una "injusticia" de la Ley de Estabilidad hacia las corporaciones locales que cumplen con sus déficit y no se las dejan endeudarse.

La nueva Ley de Estabilidad también amplía el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades autónomas de ocho a veinte años.