Foro Asturias (FAC) ha presentado en el Congreso catorce enmiendas parciales a la reforma laboral, entre las que se propone extender las bonificaciones del nuevo contrato de fomento del empleo a todas las nuevas contrataciones, así como aumentar a cuatro trimestres el periodo computable para poder alegar causas objetivas en los despidos.

Así, FAC sugiere introducir bonificaciones para las empresas que realicen nuevos contratos de mil euros el primer año, 1.500 euros el segundo y 2.000 euros el tercero. Además, también reclama un aumento de las bonificaciones previstas por contratar a jóvenes y a mayores de 45 años, y eliminar el requerimiento de que hayan estado un tiempo determinado inscritos en las listas del paro.

Por otra parte, considera necesario reducir de un año a seis meses el periodo de prueba permitido, y también exige que los empleados laborales de las administraciones y entidades públicas mayores de 65 años y que hayan cotizado lo suficiente para recibir el cien por ciento de su pensión sean obligados a jubilarse.

Despidos y convenios

Con respecto a los despidos colectivos, FAC amplía de tres a cuatro trimestres el periodo en el que una empresa debe haber registrado descenso de ventas o ingresos para poder recurrir a despidos por causas objetivas, lo que permitiría recoger todo un ciclo anual y tener en cuenta las especificidades de sectores con una alta estacionalidad y picos productivos.

También modifica la causa de despido por absentismo, proponiendo que las faltas se eleven al 25 por ciento de las jornadas en dos meses consecutivos o al 30 por ciento en cuatro meses discontinuos. En cuanto a las indemnizaciones por despido improcedente, las eleva a 30 meses para compensar el descenso de las cantidades, de 45 a 33 días por año trabajado.

Foro pide además limitar la ultraactividad de los convenios caducados a un año desde su denuncia, mantener los salarios de tramitación en todos los casos de despido y recuperar la posibilidad de acumular las horas de lactancia en jornadas completas.

Por último, introduce una moratoria a la entrada en vigor de las medidas indemnizatorias hasta que el PIB nacional crezca por encima del 2 por ciento, alegando que la reforma financiera aún no ha supuesto inyección de capital a la economía real.