Nace la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida, donde instaladores alertan del trabajo irregular

Diversos colectivos de empresas instaladoras han creado la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida, donde diversas asociaciones alertan de los efectos del trabajo "irregular" y donde las federaciones de profesionales piden más control a las administraciones públicas.

Diversos colectivos de empresas instaladoras han creado la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida, donde diversas asociaciones alertan de los efectos del trabajo "irregular" y donde las federaciones de profesionales piden más control a las administraciones públicas.

En una nota, dicha plataforma advierte de que "si la Administración no toma medidas urgentes y contundentes, 22.000 empresas andaluzas amenazan con pasarse a la economía sumergida antes de este próximo verano", una medida con la que "cerca de 200.000 trabajadores irían al paro".

En ese punto, ha asegurado que las empresas "continuarán con su actividad en la irregularidad y la ilegalidad compitiendo en 'igualdad de condiciones' con el resto del trabajo irregular".

En esta coyuntura nace la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida, donde los profesionales califican la situación de "insostenible".

Tres federaciones de empresarios circunscritas al sector de las instalaciones en general en Andalucía, esto es la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel), la Federación Andaluza de Profesionales Electricistas (Fapie) y la Federación de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, P. Contraincendios PPL, Energía Solar, Mantenimiento y afines de la Comunidad (Fraef), reunidas en el seno de la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía, comienzan una campaña para alertar sobre los "gravísimos" perjuicios y el "nefasto" impacto que está causando el trabajo irregular en el tejido empresarial andaluz.

Según José Manuel Muñiz, uno de los miembros de la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía, la situación en estos momentos "es insostenible". Asegura que Andalucía "soporta un 25 por ciento de economía sumergida" y ha lamentado que "si a las empresas responsables no se les defiende y promociona y si no se lucha contra quien está actuando desde el lado oscuro", todo va a desembocar "en el cierre de 22.000 empresas, que van a pasar a engrosar la economía sumergida, un cierre que conllevará que cerca de 200.000 trabajadores se sumen a la lista de parados en Andalucía".

En el seno de la plataforma piden "igualdad", de manera que "lo mismo que estamos fiscalizados, controlados e inspeccionados, de la misma manera deberían aplicarse los mismos mecanismos contra aquellos que no dan la cara, que no están dados de alta, que no pagan sus impuestos, que son los que verdaderamente están haciendo daño a esta sociedad".

Cierres desde 2007

Asimismo, apuntan que las cifras que maneja el sector de las instalaciones en Andalucía son que 46.760 trabajadores han perdido su empleo en los últimos cinco años, desde 2007. Ademas, se han cerrado 1.973 empresas en el sector de las instalaciones, según datos aportados por los integrantes de la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía, Faitel, Fapie y Fraef.

La Plataforma cree que "la competencia desleal del intrusismo y la economía sumergida es la gran culpable de la pérdida de tanto puesto de trabajo en los últimos años".

Sevilla, con 14.520 empleos menos es la provincia más afectada en relación con la pérdida de empleo, donde más puestos de trabajo se han destruido. La que menos ha sido Huelva, con la pérdida de 2.432 empleos.

En cuanto a empresas, Sevilla vuelve a ser la provincia donde más entidades se han clausurado en los últimos cinco años, con un total de 14.520. Huelva es la provincia con menos entidades cerradas, con 2.432.

Petición a la administración y a los partidos políticos

La Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía va a solicitar a la administración andaluza que "se sume a la búsqueda de soluciones para la solución de un problema, que tanto daño está haciendo a nuestra comunidad", ha dicho Gerardo Parejo, uno de sus miembros.

Al mismo tiempo va a solicitar reuniones a todos los partidos políticos con representación en el nuevo Parlamento de Andalucía con objeto de "encontrar puntos de consenso de cara a una modificación legislativa para frenar esta actividad ilícita si es que fuera necesaria".

Según datos de la recién constituida plataforma, en España se dejan de ingresar en el erario público más de 100.000 millones de euros por culpa del trabajo irregular. Apuntan que "sólo en Andalucía se pierden todos los años más de 30.000 puestos de trabajo" y advierten de que "si todos pagamos nuestros impuestos, por qué tenemos que permitir que otros no lo paguen".

Esta plataforma destaca el apoyo a sus críticas a la economía sumergida, el intrusismo y la competencia desleal tanto de las asociaciones de consumidores de Andalucía como reconocidos economistas.

Este nuevo foro de debate persigue "luchar contra el lastre del intrusismo instalado en la irregularidad y la economía sumergida, que ponen en peligro la seguridad y calidad en las instalaciones, frente a las empresas legalmente constituidas que cumplen con sus obligaciones fiscales y normativas".

Las principales federaciones de instaladores de Andalucía, que agrupan a cerca de 15.000 pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, acordaron el pasado 9 de marzo la creación y promoción de esta Plataforma para poder garantizar la seguridad en las instalaciones domésticas e industriales, así como la subsistencia de la empresa frente a la economía sumergida.

El objetivo a corto plazo de la Plataforma es "la creación de una mesa de diálogo con los agentes sociales en la que estén representados la Administración Pública, los consumidores y usuarios, sindicatos con el fin de alcanzar compromisos que ayuden a erradicar la economía sumergida en Andalucía".

Estos colectivos apuntan que la economía sumergida "se sitúa actualmente en la comunidad autónoma en el 24,9 por ciento, muy por encima de la media de la unión europea que no sobrepasa el 16 por ciento". Ha agregado que otro de los problemas asociados a la economía sumergida y al intrusismo profesional tiene que ver con "la seguridad en las instalaciones domésticas e industriales y la nula garantía que pueden llegar a ofrecer al usuario final".

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