El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha mostrado su "rechazo frontal al copago en sanidad" porque "produce la desprotección de las personas más débiles, de mayor edad y con menos recursos, y asesta un golpe definitivo al modelo de sanidad pública regional".

En este sentido, ha considerado que la reforma sanitaria planteada por el PP es "injusta e insolidaria", ya que "crea un verdadero muro social para los que menos tienen, además de innecesaria, puesto que existen alternativas viables para el sostenimiento del sistema sanitario", ha informado IU en nota de prensa.

Martínez ha asegurado que "se está utilizando la crisis para gravar a las clases más débiles y para debilitar los servicios públicos" y ha reiterado que rechazan "el copago sanitario porque es algo contradictorio y regresivo con el carácter público del Sistema Nacional de Salud".

"En todo caso, el término 'copago' es engañoso, ya que en realidad debería hablarse de 'repago', puesto que los ciudadanos ya financian el Sistema Nacional de Salud con sus impuestos", ha añadido.

En contra el céntimo sanitario

Asimismo, Martínez ha mostrado su rechazo al céntimo sanitario porque considera que "implantar cualquier sistema de 'repago' es un ataque directo a uno de los valores fundamentales del sistema sanitario público como es el de la universalidad".

Para IU, la reforma sanitaria preparada por el Gobierno del PP, "que pretende recortar 7.000 millones de euros adicionales e introducir formulas de copago, incluso para los pensionistas, afecta gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud".

Por último, ha afirmado que existe "margen suficiente en base a la ampliación de los presupuestos públicos y la mejora en la eficiencia de la gestión, así como en la política de salud pública, para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en el marco de un Pacto por la Sanidad del que sean protagonistas las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con los partidos políticos y los agentes sociales".