La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este miércoles la reforma del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, puesto que "protege los derechos de los más débiles y garantiza la gratuidad de la Sanidad en España". La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas implantar por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar un 10 por ciento del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, les saldrán gratis hasta que encuentren trabajo.

Dado el caso, la delegada ha recordado que, pese a la actual situación de grave crisis económica que atraviesa el país, la Sanidad va a seguir siendo gratuita, dado que "no se va a cobrar por la asistencia sanitaria y seguirán siendo gratuitos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente".

Carmen Crespo ha explicado que "la crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro sistema sanitario, con una deuda de más de 15.000 millones de euros que las comunidades autónomas no están en condiciones de abordar por sus actuales problemas de liquidez".

Deuda de la junta

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz en funciones "reconoce que el 97 por ciento de la deuda de la Junta con proveedores, que cifra en 2.773 millones de euros, procede de la Consejería de Salud y sobre todo del sector farmacéutico".

"El presidente Griñán sabe que esta situación no se puede prolongar por mucho tiempo, porque haría insostenible el sistema e impediría preservar el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud", ha añadido. "Por eso resultan difíciles de entender algunas declaraciones de responsables de la Junta que parecen ignorar la actual situación económica del país, como si no fuera de su incumbencia".

La delegada ha explicado que esta es una reforma justa, sostenible, equitativa, de calidad y eficiente", que "protege a los más desfavorecidos, especialmente los parados de larga duración, los pensionistas, los enfermos crónicos y en general aquellos que carecen de recursos". "El objetivo fundamental de la reforma sanitaria es garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud", ha añadido.

Según Crespo, se han recibido muchas propuestas desde todos los ámbitos afectados por la deuda de la Sanidad, "incluyendo el copago en la asistencia sanitaria, que se ha descartado", o el pago por día de internamiento hospitalario. "Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha cumplido su palabra y ha garantizado que la Sanidad española seguirá siendo universal, pública, gratuita y de la máxima calidad".

Respecto al consumo de fármacos, ha puntualizado que se ha optado por una solución "solidaria, pues aportarán más aquellos que tengan rentas superiores". Según ha señalado, los valores o grados de aportación para el pago de medicamentos se establecen en función de los criterios de renta, edad y grado de enfermedad, manteniéndose la diferencia entre activos y pensionistas. Para estos últimos se establecen límites máximos de aportación al mes en función de la renta y en la mayoría de los casos la aportación no superará los 8 o los 18 euros. Sólo en caso de rentas superiores a los 100.000? se establecerá un límite de 60?.

En su opinión, "se trata de un gran acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas que garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y que se enmarca dentro del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que ha propuesto el Ministerio."