El Gobierno vasco ha rechazado este jueves "cualquier recorte de derechos o prestaciones" de la actual Ley de Dependencia, con el respaldo de la decisión de las diputaciones forales de no aplicar la suspensión de la aplicación durante 2012 de nuevas entradas de beneficiarios al sistema de dependencia, y ha advertido al Ejecutivo central de que "la crisis no se puede convertir en una excusa para recortar derechos sociales".

El Ejecutivo vasco ha realizado estas declaraciones tras participar en la reunión celebrada en Madrid por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que han participado representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Según ha explicado, Euskadi participa en este consejo a través del Gobierno vasco —Departamento de Empleo y Asuntos Sociales—, que es el que tiene voto, aunque las diputaciones forales acuden con voz.

En la sesión se han tratado, entre otros aspectos, la evaluación de la Ley y las medidas adoptadas por el Gobierno central de suspensión de la aplicación durante 2012 de nuevas entradas de beneficiarios al sistema, "medida que no se aplicará en el País Vasco por decisión de las diputaciones forales y que el Gobierno vasco comparte y apoya plenamente".

Además, el Gobierno central ha planteado un documento donde se recoge la necesidad de alcanzar un "pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia".

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, ha afirmado que comparte la necesidad de evaluar la Ley y ha expresado su disposición a estudiar medidas de mejora, como se ha propuesto en el Consejo pero ha señalado que existen "elementos" que no comparte.

Avance de la ley

En concreto, ha detallado que el documento presentado por el Gobierno central para el debate con las comunidades autónomas "no reconoce el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley de Dependencia y responsabiliza de los problemas en su aplicación a su diseño inicial".

"La realidad es que ha habido comunidades que han hecho un esfuerzo por su aplicación y otras no, como se refleja en las diferentes evaluaciones realizadas por organismos independientes y en los propios datos del Imserso", ha defendido la consejera Zabaleta.

Al respecto, ha subrayado la necesidad de que "exista voluntad política para su aplicación" y ha insistido en que hay que reflexionar sobre el actual sistema de financiación porque "no puede conducir a un recorte de derechos y de prestaciones".

"Creemos que hay que abrir el debate sobre nuevas fórmulas de financiación finalista para la dependencia y los servicios sociales, como existen en otros países europeos, pero en ningún caso seguir en la línea de los recortes", ha indicado.

Zabaleta ha afirmado que la aplicación de la Ley de Dependencia "no se puede parar como consecuencia de la coyuntura económica" y ha advertido de que los actuales recortes en políticas sociales y de empleo que lleva a cabo el Estado "sólo generan paro, pobreza y más recesión".

Defensa del autogobierno

Por otro lado, la consejera de Asuntos Sociales ha explicado que el documento habla de una cartera de servicios sociales "común a todas las autonomías" mientras que el Ejecutivo vasco defiende "el autogobierno y las competencias autonómicas, que en el caso de los servicios sociales se recoge en el Estatuto de Gernika y la Constitución". "Rechazamos cualquier afán recentralizador", ha señalado.

El Gobierno vasco ha subrayado su apuesta por el trabajo consensuado, que garantice el desarrollo de los derechos que supuso la aprobación de la Ley de Dependencia, así como la puesta en marcha de "nuevos modelos de atención centrados en la persona, que primen la dignidad y la autonomía de las personas y que vayan acompañados de estudios serios de coste eficiencia, tal y como está desarrollando el departamento con los proyectos piloto que está llevando a cabo".

"Los costes de La Ley de Dependencia y de servicios sociales constituyen una inversión en cohesión social, en solidaridad, pero también en posibilidades de generación de empleo y de riqueza. No compartimos que la crisis se convierta en excusa para recortar derechos sociales", ha concluido.