La Federación Agroalimentaria de CC.OO. ha vuelto a defender este jueves la implantación de sistemas europeos de protección de la calidad para las anchoas elaboradas en Cantabria, al considerar que así se contribuiría a mantener el empleo en el sector y a evitar la competencia desleal y el engaño a los consumidores.

En opinión del sindicato iniciativas como la indicación geográfica protegida (IGP), ú otras similares, servirían para poner en valor las anchoas del cantábrico, un sector que da trabajo en Cantabria a 1.300 personas, el 90 por ciento mujeres.

Jesús Gallo, miembro de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. de Cantabria, ha señalado en rueda de prensa que en los últimos años se está asistiendo a una "pérdida" de la carga de trabajo en la industria conservera, porque el proceso de elaboración se traslada a otros países, quedando únicamente el envasado en la comunidad autónoma.

Una situación que, según ha dicho, está provocando que las trabajadoras, con contratos fijos-discontinuos, sufran una "precariedad absoluta", y que en los últimos tiempos se haya reducido "drásticamente" el tiempo trabajado, que puede situarse en sólo 15 días, frente a los ocho o nueve meses habituales hace unos años.

Algo que preocupa al sindicato, para el que "se está produciendo una reconversión en el sector" que se debe reconducir; y una forma de garantizar su futuro es implantar medidas de protección de la anchoa que sirvan para "paliar" la falta de trabajo en la industria y eviten que "se engañe" al consumidor sobre la procedencia y elaboración de la anchoa, ha reiterado el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. Jesús Villar.

"No estamos dispuestos a que el consumidor no identifique las anchoas que consume, su procedencia y trazabilidad", ha recalcado Villar, para quien el sistema de protección que el sindicato lleva demandando desde hace años, tanto a nivel regional como nacional, debe conseguirse de "inmediato".

A su juicio, en este tema se ha producido una "negligencia" por parte de las sucesivas administraciones que "no se puede prorrogar más", y así se lo han trasladado a la actual consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez.

Para Villar, la falta de un sistema de protección de la calidad de la anchoa es un "déficit" que perjudica a toda la cadena alimentaria y a la economía de la región, y su implantación sólo beneficiaría a los pescadores, trabajadoras de las conserveras y a las propias empresas, evitando "prácticas indeseables" por parte de algunas y garantizando que la trazabilidad sea "completa".

"impulso político"

En relación con las empresas, Gallo ha precisado que en ocasiones se ha aducido que existe "cierto recelo" por parte de los empresarios hacia la IGP, pero ha considerado que si la Administración "se pone seria" y da el "impulso político" necesario esta iniciativa saldría adelante.

Y, una vez que se establezca el sistema, "el empresario que quiera entrar, que entre, y el que no, que no lo haga", a la vez que los compradores "sabrían" lo que están consumiendo y pagando", ha subrayado.

Para los responsables de CC.OO., es importante que se distinga entre la anchoa de mayor calidad, que tendrá un mercado, y la de menor, que tendrá otro, porque es la manera de "preservar y poner en valor" un sector que tiene prestigio".

Al respecto, han señalado que Francia es consciente de ello, y aunque su producción de anchoa es "insignificante", ya tiene reconocido un sistema de protección, lo que no ocurre en España, donde se produce el 70-80 por ciento.

Villar ha advertido que no van a permitir que continúe esta situación, y si tienen que hacer campañas a nivel nacional e internacional, van a hacerlas, porque "está en riesgo" la calidad del producto y el empleo en el sector.

Ambos sindicalistas han comparecido en rueda de prensa, junto con Delfina Junco, miembro también de la Federación de Cantabria, coincidiendo con el inicio de la campaña de primavera de la anchoa, y un día después de que se informara de que el Fondo Europeo de Pesca 2013-2020 recoge "pro primera vez en la historia" un dictamen aprobado por el Consejo Europeo que establece medidas económicas también para la industria conservera, lo que supone un "estímulo importante", ha destacado Villar.

"Nos jugamos mucho en los próximos seis años y hay que adoptar medidas de carácter político", ha explicado, porque el próximo reglamento que regulará el sector va a ser "decisivo" para saber si las conserveras "van a recibir ayudas económicas y sociales", ha advertido,