Las reacciones del Gobierno español se siguen sucediendo horas después de la expropiación del 51% de la petrolera YPF por parte de Argentina.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha reiterado que la medida "no se ajusta a derecho, ni al derecho argentino ni internacional" y que tendrá consecuencias en los planos "diplomático, comercial, energético e industrial", aunque no ha querido precisar cuáles, como tampoco lo hizo el lunes en la comparecencia junto al ministro de Exteriores.

Soria ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar "la posición del Gobierno" ante este asunto. Le gustaría "como ministro y como español", ha dicho en una entrevista en RNE, que Cristina Fernández de Kirchner diera marcha atrás, pero cree que hay "poco margen para la esperanza" teniendo en cuenta "las formas y los modos". Ha sido, ha explicado, una "decisión arbitraria y doblemente discriminatoria".

"Dos no bailan si uno no quiere. La situación se ha complicado mucho porque aunque era una decisión que hace unos días se daba prácticamente por hecha (...), no se produjo la nacionalización e incluso 48 horas después fuentes del Gobierno (argentino) se desmarcaron de los distintos proyectos de nacionalización, lo cual hizo pensar al Gobierno de España que se estaban encauzando los problemas", ha explicado.

El ministro, además, ha lanzado una advertencia: esto "no quiere decir" que no se tomen medidas como ésta con otras empresas españolas que operan en el país latinoamericano; "Una vez abierta esa puerta, es una puerta difícil de cerrar", ha admitido.

Para el ministro, esta expropiación "no es una decisión seria, propia de un Gobierno serio", sino que se trata de una medida "hostil" que va en contra de los intereses de Repsol, de España y de los españoles, pues siendo una empresa que cotiza en Bolsa, "muchos ahorradores tienen su dinero invertido en Repsol".

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha calificado la nacionalización de YPF como "un error político extraordinario" y ha adelantado que el Estado español responderá "a través de organismos internacionales" y en sus relaciones bilaterales.

En opinión de Ruiz-Gallardón el Ejecutivo argentino ha antepuesto en este caso "las razones políticas a las razones de equidad" y ha lanzado "un mensaje negativo a la hora de ser seleccionado como uno de los actores importantes" del panorama internacional.

El ministro ha destacado durante una intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press que el Gobierno español ha estado y estará al lado de Repsol en este trance dado que se trata de una empresa española y que se siente obligado a respaldar a los accionistas minoritarios afectados por la expropiación.

"El apoyo a nuestras empresas es una acción determinante", ha puesto de manifiesta el ministro y ha agregado que las respuestas españolas a la nacionalización serán, en todo caso, "ajustadas a derecho" y respetarán "el principio de justicia y equidad". "Los mismos que no ha aplicado Argentina", ha apostillado.

Ruiz-Gallardón ha resaltado, además, que en esta crisis con Argentina, el Gobierno español "se siente respaldado por sus socios europeos" y el resto de actores políticos del panorama internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha convocado al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, para trasladarle el malestar del Gobierno español por la decisión del Ejecutivo de ese país de expropiar el 51% de YPF.

La reunión tendrá lugar este mediodía en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, según fuentes de este departamento. El ministro ya convocó al embajador argentino el pasado viernes para expresarle su queja ante los rumores sobre supuestos planes gubernamentales para tomar el control de la compañía a través de la expropiación de acciones.