El presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido actuará "con claridad" y será "coherente y consecuente" con lo que dictamine la Justicia y lo que digan los Estatutos del PP a la hora de determinar el futuro político del alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que ha comparecido este jueves ante el juez tras la admisión a trámite de una querella contra él por supuesto fraude fiscal.

"Conde Roa está declarando, el juez decidirá lo que considere oportuno y, en función de lo que diga, actuaremos en consecuencia", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha señalado que el regidor, que admitió una deuda con Hacienda de 291.000 euros, ya explicó públicamente "que no tenía medios porque sus empresas se arruinaron y que estaba en proceso de pago cuando se le notificó la denuncia por impago".

Dicho esto, aunque no ha querido avanzar los pasos que darán los populares y si se obligará a dimitir al regidor en el caso de que se abra juicio oral contra él, ha insistido en que la dirección de su partido será "coherente" con lo que dictaminen las autoridades judiciales y con sus propios Estatutos.

ESTATUTOS

En concreto, los Estatutos del PP aprobados en el 17 Congreso de Sevilla estipulan, en el punto 8 del artículo 16, que se incoará expediente disciplinario a aquel afiliado inmerso en una causa "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial".

Circunscribe este procedimiento a los casos en que el afiliado "incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o realice conductas que estén tipificadas como un delito doloso". Será el Comité de Derechos y Garantías el órgano competente para determinar la suspensión de funciones o de militancia "en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto".

Los Estatutos de los 'populares' señalan que la duración máxima del expediente disciplinario se extenderá "hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal". En caso de que el afectado sea absuelto, aunque la sentencia o auto no sea firme, el partido prevé revocar "inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción" que se hubiese acordado.