El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha alertado de que las arcas municipales tendrán que abonar un coste de 22 millones de euros en concepto de intereses como consecuencia de acogerse a la herramienta de financiación del Estado para el pago a proveedores y ha advertido que el Ayuntamiento se encuentra "intervenido" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), está "secuestrado políticamente por el Gobierno, que es quien gestiona las decisiones municipales.

En rueda de prensa, Espadas ha recalcado que las políticas de Rajoy están suponiendo una "auténtica intervención" en las competencias de los municipios, tomando decisiones de "gran calado con el pretexto de la crisis y de manera sibilina" o, "como Zoido lo llama, por imperativo legal". "El Ayuntamiento está intervenido y Zoido secuestrado políticamente por Rajoy, quien con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, gestionan la política municipal, tomando decisiones sobre el IBI, los empleados municipales o el pago a proveedores", subraya el edil socialista, que alerta de que estas acciones "ocultan una reducción de la Administración local, del personal y de la capacidad de decisión propia de los ayuntamientos".

En este marco, califica el sistema de pago a proveedores como "caro, chapucero e injusto", ya que existían "otras opciones, pero se eligió ésta que beneficia a los bancos e intermediarios financieros y no a los proveedores, ya que compran al uno por ciento el dinero y lo dan como crédito a un interés a partir del cinco por ciento". Así, subraya que el crédito para pagar los 59 millones para proveedores en diez años del Ayuntamiento hispalense, costarán unos 22 millones de euros en intereses, con un tipo que asegura rondará seis por ciento.

Considera que, con el plan de ajuste aprobado para hacer frente a este pago, el Ayuntamiento hace lo "contrario de lo que dijo para ganar las elecciones y ahora sube impuestos y tasas, aumenta la presión fiscal y todo de la mano de una voracidad recaudatoria". Además, insiste en que se está perdiendo capacidad en los servicios públicos, "sin tasas de reposición y con incidencia directa en empresas municipales, donde prevé aprobar la disolución en agosto de Sevilla Global y Giralda Televisión, según recoge el citado plan".

Plan de ajuste,

"señuelo para reducir el empleo público"

"El informe dice que el Ayuntamiento podría pagar sus facturas en 60 días, incluso que en 2012 ya podría hacerlo en 30 días, por lo que si Sevilla está en disposición de pagar a los proveedores por sus propios medios, no se entiende por qué se acoge a la medida estatal y se hipoteca para los próximos diez años", asegura Espadas, que añade que aún se desconocen las consecuencias que podría acarrear un posible incumplimiento del plan de ajuste.

Por este motivo, insta a que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) realice un informe "en profundidad" del plan de ajuste y se valore su incidencia en la hacienda pública, además de que el Ayuntamiento lo explique pormenorizadamente a la oposición, los ciudadanos y los trabajadores, "con incertidumbre", una vez que sea aprobado definitivamente por el Gobierno.

Además, apuesta por la creación de una comisión en el Ayuntamiento específica, donde esté presente la concejal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, y la oposición, con el objetivo de analizar a qué proveedores irán los pagos, la antigüedad de las facturas, cómo se llevan a cabo los pagos y las "consecuencias de la modificación presupuestaria y la aplicación encubierta de la reforma laboral".

Por último, el concejal socialista advierte de que el plan de ajuste supone un "señuelo para reducir el empleo público e intervenir la Administración local", al ser además un "nuevo mecanismo de ayuda a los bancos para salir de la crisis a costa del erario público y de los ciudadanos a través de más impuestos y menos capacidad de los ayuntamientos".