La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado indemnizar a una motorista que derrapó con la grava de las obras en la calle Castilla de Santander porque están eran "evidentes".

La conductora se cayó al derrapar su motocicleta y ante una indicación de un agente de circulación de detención del tráfico, motivo por el cual la denunciante reclamaba tanto ante el Gobierno, que ejecuta esas obras a través de la Consejería de Medio Ambiente, como al Ayuntamiento de Santander.

Pero el TSJC rechaza esas pretensiones, alegando que la grava en la calzada era "visible" y que las obras estaban correctamente señalizadas, a través de los semáforos en ámbar.

La motorista, además, "no observó toda la diligencia precisa" en la conducción, al no percatarse "a tiempo" de la presencia policial, con la consiguiente "tardía" reacción, que afrontó con una "brusca" maniobra de frenado.

La Sala señala que era "obligación" de la conductora adecuar su conducción a las circunstancias de la vía, que insiste que estaban señalizadas.

El TSJC explica que para que exista una relación de causa-efecto entre un daño y una acción de la Administración, este debe derivarse directamente del propio funcionamiento del servicio público, sin intervenciones externas.

De lo contrario, advierte, se llegaría a la exigencia de un nivel de eficacia que "excedería" de los que se consideran obligatorios.

"Convertiríamos a las Administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable, con independencia del actuar administrativo", con la consecuencia de que se transformaría la responsabilidad de las Administraciones en un "sistema providencialista", argumenta en la sentencia Rafael Losada, presidente de la Sala.