Los sindicatos CSI-CSIF, CCOO, ELA, UGT, y ACAIP-USO han afirmado que "la futura apertura del nuevo centro penitenciario de Pamplona con los recursos humanos existentes, mas los 30 funcionarios en prácticas que han sido enviados recientemente, es totalmente inviable".

En un comunicado, los sindicatos han asegurado que "esta situación hace del todo imposible que el nuevo centro pueda funcionar con un mínimo de seguridad para los internos y resto del personal".

Por ello, han indicado, "se hace muy complicado cumplir con los objetivos primordiales de la institución penitenciaria: reinserción-rehabilitación, asistencia social y retención y custodia". Asimismo, según los sindicatos, "también podrían verse afectados en su normal funcionamiento otros servicios por esta carencia de personal".

"Al pretender inaugurar dicho centro sin poner en funcionamiento servicios básicos, como el departamento de enfermería, dependencias socioculturales, o talleres formativos y productivos, hace que lo expuesto anteriormente tome visos de hacer caótica y precaria una apertura de una infraestructura del tamaño y características de una macro-cárcel sin la debida dotación funcionarial que haría falta en este caso", han asegurado.

Según los sindicatos, los funcionarios en prácticas supondrán un 32 por ciento del total de la plantilla que trabaja en contacto con los internos y "si bien tienen una buena formación teórica, no disponen de experiencia laboral alguna con los internos, por lo que no se les puede exigir la misma responsabilidad y eficacia".

Así, los sindicatos han indicado que "según las normas, estos funcionarios deberían estar, en todo momento, acompañados de funcionarios de carrera", algo que "con la situación actual, no va a resultar posible".

A juicio de las centrales sindicales, para el normal funcionamiento de este nuevo centro penitenciario, "la plantilla debería de ser, al menos, el doble de la actual, más los funcionarios en prácticas enviados".

En este sentido, los sindicatos han destacado que "con los recursos humanos existentes, la prisión no se podría poner en funcionamiento ni en un 40 por ciento". Además, han señalado que "se debería aumentar también el personal de los servicios médicos, oficinas, tratamiento, servicios sociales, dotación que a día de hoy no ha tenido en cuenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".