La Junta exige más de 71.000 euros a Astraea Astilleros tras ser embargados los bienes inmuebles de la compañía

La Junta de Andalucía ha exigido a la empresa Astraea Astilleros S.L., cuyo domicilio se hallaba en la localidad de Lopera (Jaén), un total de 71.728 euros como consecuencia de no haber justificado una subvención concedida para desarrolla un taller de oficios entre los años 2008 y 2009, una vez que ha sido notificado el embargo de los bienes inmuebles de la compañía a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La Junta de Andalucía ha exigido a la empresa Astraea Astilleros S.L., cuyo domicilio se hallaba en la localidad de Lopera (Jaén), un total de 71.728 euros como consecuencia de no haber justificado una subvención concedida para desarrolla un taller de oficios entre los años 2008 y 2009, una vez que ha sido notificado el embargo de los bienes inmuebles de la compañía a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según han señalado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, a la empresa le fue anticipado el 75 por ciento de los 83.899 euros concedidos, si bien la inversión total ascendía a los 93.000 euros. En cuanto al 25 por ciento restante, se liquidaría tras la justificación de la subvención.

De esta manera, como adelanta el diario 'Ideal', Astilleros Astraea se comprometía a contratar al 50 por ciento de los seis alumnos matriculados en el taller de oficios, todos menores de 30 años, que iban a formarse en la construcción de embarcaciones.

Sin embargo, al no haber acaecido los hechos como se pretendía, se ha procedido al embargo de los bienes inmuebles de la sociedad naviera, tal y como refleja el BOP del 20 de marzo, que ha sido consultado por Europa Press. Así, el documento detalla que los contribuyentes han sido citados en las dependencias de la Diputación, después de que se haya intentado por dos veces llevar a cabo la notificación y no se haya podido efectuar la misma.

Al parecer, la primera solicitud de devolución por parte de la Consejería de Empleo de la Junta data del 10 de marzo de 2010. Un año después se le exigió el abono por la vía de apremio a través de la Agencia Tributaria y, 12 meses más tarde, se ha iniciado ya la fase de embargo.

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