AI criticó ayer que la entrada en vigor de esta ley no ha servido siquiera para reducir el número de muertes, ya que en los cinco primeros meses de 2006 han perdido la vida 33 mujeres, «la cifra más alta desde 1999».Para Amnistía, es muy preocupante que con la ley en la mano, la orden de protección que dictan los jueces sea imprescindible para que las maltratadas puedan tener acceso a los recursos básicos, como las ayudas económicas. En 2005, 73.000 mujeres denunciaron violencia de género, aunque sólo 47.616 obtuvieron una orden de protección. «¿Qué pasa entonces con las mujeres a las que se les deniega?», se pregunta AI.