El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado este viernes en pleno el plan de ajuste necesario para acogerse al decreto-ley de pago a proveedores y ha dado cuenta de la relación certificada de todas las obligaciones de pago que reúnen los requisitos del Real-Decreto aprobado por el Gobierno central para el pago de las facturas de estos proveedores.

El concejal del área Económica, Manuel Aguilar, ha explicado que este documento obliga a ajustar las cuentas municipales en 16,5 millones de euros, ya que diez millones de euros se corresponden con los ingresos necesarios para hacer frente a la cuota de devolución del préstamo para el pago a estos proveedores; mientras que el resto de la cuantía es la cantidad en la que hay que disminuir el gasto municipal, utilizando medidas contables de obligado cumplimiento en el plan de ajuste.

Así, Aguilar ha indicado que el plan señala que hay que realizar una reducción en los gastos estructurales del presupuesto de seis millones de euros y que "este equipo de gobierno no va a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos, porque el pueblo no puede permitirse pagar más impuestos y no podemos pedirles más esfuerzos económicos a las familias"; al tiempo que ha recordado que fueron los socialistas los que se encargaron de incrementar los impuestos durante el pasado mandato.

Por tanto, el edil ha argumentado que esta disminución se realizará del capítulo de Personal, que "es el que supone el mayor gasto municipal." Así, el edil ha avanzado que el equipo de gobierno se va a reunir con los representantes sindicales de los trabajadores para decidir de forma conjunta las medidas a tomar para alcanzar este objetivo.

"Es algo que ya se hizo en agosto del año pasado cuando se logró, sin medidas traumáticas, un ahorro de 3,5 millones de euros anuales en el coste de la plantilla; por lo que pedimos confianza en el equipo de gobierno en este proceso", ha recordado que cuando el actual equipo de gobierno tomó posesión no había liquidez suficiente para pagar las nóminas de 2011 y que "la nómina de este mes se ha pagado el día 28".

"Los trabajadores hubieran tenido miedo si hubiera seguido el anterior gobierno en el Ayuntamiento, que gastó todo el fondo del patrimonio del suelo para pagar las nóminas y que ya no tenía más recursos para pagarles", ha añadido.

Además, Aguilar ha indicado que desde que el equipo de gobierno llegó a la Alcaldía se han llevado a cabo más de 45 medidas para ahorrar gastos y se ha conseguido una disminución de un 20% del gasto del presupuesto municipal, con una reducción de 18 millones de euros. En relación a los ingresos extraordinarios necesarios para pagar el crédito para el pago a proveedores, el plan de ajuste contempla diez millones de euros anuales procedentes de la enajenación de bienes públicos; una medida, que el concejal ha indicado que deberá ser aprobada por la comisión delegada del Gobierno Central para asuntos económicos.

El responsable del área Económica ha hecho referencia durante su intervención a la magnitud del débito heredado por el equipo de gobierno, que asciende a 300 millones de euros y ha lamentado que sean "los causantes de este problema, lo que quieran impedir que ahora se pague a los proveedores", según un comunicado del consistorio.

"Casi la totalidad de la deuda se ha generado en los últimos ocho años coincidiendo con toda la época de gobierno del PSOE, en la que por cierto, durante cinco años formó parte como concejal el señor Valadez y durante otros tres más fue, como alcalde, el máximo responsable del Ayuntamiento, y por tanto, de la indicada deuda", ha señalado Aguilar, que ha culpado al portavoz socialista de "haber hipotecado al pueblo de Estepona por su gestión y haber dejado al Ayuntamiento al borde de a quiebra absoluta". "No pagó los servicios ni las facturas que contrataba y ahora está en contra de que se les pague", ha reprochado Aguilar a los socialistas.

El concejal se ha referido además a que del total de montante de este débito municipal, 74 millones de euros corresponden a deudas contraídas por las sociedades municipales. Estas sociedades -ha explicado- llevaban una serie de años incursas en causa legal de disolución, sin ni siquiera presentar sus cuentas en el Registro Mercantil.

Al respecto, Aguilar ha recordado que el equipo de gobierno ha disuelto estas mercantiles y sus liquidadores van a solicitar "de forma inmediata" la declaración de concurso de acreedores. "Hay que recordar que la única posibilidad de que cobren los acreedores será la de pedir responsabilidad subsidiaria a los miembros de los consejos de administración; algunos de los cuales, por cierto, se encuentran en esta sala", ha apuntado.

"El importe del impago de esta deuda con estos proveedores, cuyo principal responsable es el señor David Valadez, es tan desorbitado que da vergüenza compararlo con la deuda que por estos conceptos están presentado otros municipios de la geografía española", ha apuntado Aguilar.

Así por ejemplo, ha explicado que frente a los 63 millones contabilizados por ahora por este Ayuntamiento, correspondiente al municipio de Estepona, con una población de 67.000 habitantes; Marbella -con una población muy superior al doble que Estepona- presenta 12 millones para el pago a proveedores. "Ronda y Antequera han solicitado ocho millones y la deuda de Sevilla capital es inferior a los 60 millones de euros", ha completado.

"Este plan de ajuste ni es un capricho del Gobierno central, ni por supuesto, del actual gobierno municipal, sino que es una situación que viene a dar solución a la mala gestión de los responsables de estas deudas, y lo ideal sería que estos responsables pusieran sobre la mesa los 63 millones de euros para que nosotros no tuviéramos que presentar este plan de ajuste", ha sugerido Aguilar, que ha aclarado que, en última instancia, será el Gobierno central el que dé el visto bueno a este plan de ajuste para que se pueda llevar a cabo la operación de crédito necesaria para pagar la deuda con estos proveedores.

Ordenanza de comercio

El pleno de la Corporación, por unanimidad, ha aprobado además de forma definitiva la ordenanza que regula el procedimiento para el ejercicio de actividades comerciales mediante licencia de apertura y declaración responsable. Aguilar ha indicado que en el documento, tras el periodo de presentación de alegaciones, se han introducido una serie de mejoras que suponen un ahorro para los emprendedores que decidan abrir un negocio en Estepona.

El concejal ha señalado que a partir de ahora los empresarios no tendrán la obligación de adjuntar un visado colegial a la solicitud de apertura, algo que según los interesados encarecía -según la actividad- en hasta unos 800 euros la tramitación, y que en su lugar se podrá presentar un certificado colegiado y un seguro de responsabilidad civil.

La Corporación ha aprobado también la revocación de anteriores acuerdos plenarios en relación al expediente de resolución de la concesión administrativa del transporte urbano de viajeros con CTSA-Portillo. La edil de Presidencia ha explicado que este es otro de los problemas enquistados que encontró el equipo de gobierno al llegar al Ayuntamiento y que este trámite es necesario para poder contratar de nuevo el servicio de autobús urbano en el municipio.