El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las cuatro enmiendas de devolución que se habían presentado contra el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, si bien socialistas y populares no han conseguido lograr un acuerdo sobre el texto y el PSOE ha decidido abstenerse, avisando no obstante de que votará contra la norma si el Gobierno no la cambia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de defender el proyecto, que se deriva del acuerdo de reforma constitucional alcanzado el pasado mes de agosto por los dos partidos mayoritarios para fijar en la Carta Magna un techo de déficit y de deuda para las administraciones públicas.

Según Montoro, con esta ley, que también traslada a la legislación española el Pacto Fiscal Europeo, el país conseguirá "recuperar la credibilidad" y, así, "salir cuanto antes de la crisis". "El mensaje que queremos lanzar es que todos estamos a lo mismo, sin fisuras, sin dudas, sin recovecos y sin planteamientos alternativos. Este es un paso importante para que España sea fiable ante sus socios europeos y ante las finanzas internacionales", ha añadido.

A renglón seguido, ha intentado convencer una vez más a socialistas y nacionalistas de que apoyaran la normativa, tras más de una semana de infructuosas negociaciones con el PSOE a cuenta del límite marcado para el déficit, del cero por ciento en 2020, frente al 0,4% que, según los socialistas, se acordó en verano. Esa cifra queda ahora limitada a los casos excepcionales o a las reformas estructurales que tengan impacto presupuestario a largo plazo.

Así, Montoro ha recordado que la situación económica es "enormemente frágil y delicada" y que no se puede "titubear" en la adopción de reformas. "Por eso espero el compromiso de los grupos y que no se oculten tras supuestos incumplimientos ni supuestos sentimientos aislacionistas. Quien lo haga, será su responsabilidad", ha zanjado.

Sin embargo, estas peticiones no han cambiado el parecer de los socialistas, que no han presentado enmienda de devolución propia y han optado por abstenerse en la votación de las enmiendas de devolución "por responsabilidad, porque tiene que haber una ley de estabilidad presupuestaria y porque los servicios públicos no pueden ser financiados con deuda de manera ilimitada".

"Pero queremos que el PP vuelva al acuerdo político y, si se mantiene el proyecto de ley tal y como está redactado, votaremos en contra", ha advertido el socialista Pedro Saura, justificando esta postura en que la norma popular "no contribuye a la recuperación económica, introduce elementos ideológicos neoliberales inaceptables e inadecuados, rompe el pacto político PP-PSOE y es más restrictiva que el Pacto Fiscal europeo", que permite un déficit estructural de hasta el 0,5%.

"El principal problema del país es el crecimiento económico y la generación de empleo, y la senda que se describe en la ley hasta 2020 es enormemente restrictiva y sus prioridades son equivocadas, están al revés", ha añadido el diputado, avisando de que "si se aprueba la ley los recortes no serán transitorios sino permanentes" a pesar de que "se puede reducir el déficit manteniendo los servicios si se tienen unos ingresos estructurales".

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha aprovechado su turno de intervención para aclarar que la presentación de una enmienda de devolución por parte de su grupo no suponía el rechazo a la estabilidad y el rigor presupuestario, sino a los "graves obstáculos" que, a su juicio, incluye el proyecto de ley popular en relación con las competencias autonómicas.

"Estamos a favor de actuar contra los déficit y endeudamientos excesivos de las administraciones, de no gastar más de lo que realmente se ingresa, y estamos predicando con el ejemplo (en la Generalitat). Pero hay cosas en esta ley que van a imposibilitar que algunas comunidades cumplan", ha advertido.

Así, aunque ha reconocido que podrían ceder en relación con el déficit y que están de acuerdo con el límite de deuda en el 60% del PIB del Estado y del 13% de media en las comunidades, Sánchez Llibre ha señalado que hay algunas regiones que en 2020 no podrán cumplir con ese objetivo porque han "heredado endeudamientos de gobiernos anteriores", por lo que ha pedido abrir la puerta a flexibilizaciones similares a las que la UE ha aceptado con algunos de sus estados miembro para reducir la deuda "de forma pacífica".

"Vamos a hacer una legislación para que la podamos cumplir", ha pedido el diputado catalán, apostillando por último que si en la ley se mantienen medidas "coercitivas que van contra el corazón del autogobierno" CiU no votará a su favor.

En esta misma línea se ha pronunciado la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas quien, estando de acuerdo con la estabilidad y los controles, ha optado por la abstención al considerar que la norma "trata igual a quienes han cumplido y a quienes no" y que no se permite a las regiones que aún tienen margen de endeudamiento recurrir a él para "financiar políticas activas de empleo". Además, se ha quejado también de invasiones competenciales.