Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2011 bajaron, respecto al año anterior, en 11 comunidades autónomas, especialmente en Asturias y Canarias, donde se registraron descensos por encima del 60%.

Según el informe de esta institución, hecho público este miércoles, las reclamaciones en España ascendieron a 23.433 en 2011, un 30,81% menos en relación a 2010, en el que se contabilizaron 33.870 quejas.

demás de Asturias y Canarias, con descensos del 63,88 y 63,86%, respectivamente, las quejas también decrecieron en Andalucía (46,79), Galicia (38,81) y la Comunidad Valenciana (30,10%).

Por el contrario, las quejas al Defensor del Pueblo aumentaron en seis comunidades: Cantabria (23,51), Murcia (18,28), La Rioja (14,29), Navarra (8,84), Extremadura (9,51) y Baleares (1,42%).

Por provincias, destacan los descensos de Las Palmas, con el 74,92 y Huelva, 73,06% además de la ciudad de autónoma de Ceuta, con una bajada del 85,83%. En términos absolutos, Madrid es la comunidad con mayor volumen de quejas, en concreto 5.433, un 26,59% menos que el año pasado; seguida de la Comunidad Valenciana, con 3,351 y Andalucía, 3.301.

Además, el Defensor del Pueblo ha reclamado a las Administraciones Públicas que "garanticen totalmente" las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional. Según el documento, las quejas más comunes en materia sanitaria se refieren a la confidencialidad de la información y documentación clínica, a la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, a la seguridad de los pacientes y a las demoras en atención primaria y especializada.

Tras recibir varias quejas al respecto en 2011, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, "con independencia del lugar donde se encuentren".

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, insiste en que las administraciones autonómicas tienen la obligación de ponerse de acuerdo al ofertar nuevos servicios a la población, y subraya la desigualdad existente en los servicios sanitarios públicos en función de la comunidad autónoma de la que se trate.

El informe critica la tendencia de romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales que se adoptan en el ámbito ambiental y de debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno.

En el capítulo de medio ambiente, la Institución subraya los avances en la lucha contra el ruido y los aeropuertos y, "de modo general", la situación no es igual a diez años atrás, cuando la administración sostenía que "no eran los aeropuertos los causantes del ruido sino las aeronaves". Esto "afortunadamente" ya no es así, y la ley establece hoy que los aeropuertos sí son infraestructuras ruidosas, peligrosas y molestas, sobre las cuales pesan deberes y obligaciones.

El Defensor ha criticado las demoras "inaceptables" que se están produciendo en la valoración de las personas dependientes y en la posterior notificación del nivel de dependencia, en función de la cual percibirán las ayudas públicas.

Cava de Llano recuerda en el informe también que los criterios referidos a la fecha de referencia para reconocer los derechos derivados de una situación de dependencia varían entre comunidades autónomas y que en cada territorio se siguen pautas diferentes, y advierte en ese sentido de que la fecha de reconocimiento de la situación de dependencia debe ser el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

El Defensor del Pueblo ha constatado que, a pesar de que la igualdad de género ha avanzado en el ámbito laboral, las mujeres siguen siendo discriminadas en sus puestos de trabajo, una situación que se ha agravado con la crisis económica. La aplicación de las políticas para fomentar la igualdad en el mercado laboral no ha conseguido que las mujeres ocupen más puestos de responsabilidad en las empresas, ni que dejen de tener peores condiciones de trabajo.

Según las quejas que ha recibido la institución, la discriminación de las mujeres se materializa en "contextos muy diversos". Además, a juicio del Defensor, se agrava en tiempos de crisis, un hecho que se ha denominado la "feminización de la pobreza". Según el informe, la institución abrió una investigación de oficio, en la que solicitó a la Secretaría de Estado de Empleo la remisión de un informe de las previsiones de actuar contra esta discriminación.

También se ha preocupado por la incidencia negativa en los alumnos de la conflictividad laboral del profesorado de la educación pública no universitaria al inicio del curso, como la pérdida de clases por varias jornadas de huelga, en especial en Madrid.

La Consejería de Educación de esta comunidad manifestó estar dispuesta al diálogo con las organizaciones sindicales, pero no informó sobre la pérdida de periodos lectivos por los alumnos y sobre la adopción de medidas de recuperación.

La misma recibió "numerosas quejas", la mayoría procedentes de Madrid, sobre las modificaciones de organización y desarrollo del curso escolar y el incremento de horas lectivas de los docentes aplicadas por la administración autonómica, ya que se consideraba que tendrían "consecuencias negativas" sobre la calidad educativa.