El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado ante el Pleno del Congreso que el Gobierno va a mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Ejecutivo del PSOE contra la regulación de 2008 de Vivienda de Galicia, que afecta a los asentamientos rurales costeros gallegos, y que las defiende frente a la Ley de Costas.

Según ha explicado, el problema es que se trata de asentamientos tradicionales, pertenecientes a un municipio, pero que están dispersos dentro del mismo término municipal de la costa gallega, unas circunstancias que se tradujeron en la calificación de su suelo de 'no urbanizable' y quedaron con ello afectados tras la extensión a los 100 metros de la servidumbre de protección en la Ley de Costas.

Así lo ha manifestado en su turno de exposición en una interpelación formulada por la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre cuáles son los planes del Gobierno a la hora de modificar la Ley de Costas que ha prometido, dado que actualmente existe la problemática de que la Ley de Costas estableció 100 metros para la servidumbre de protección dominio público marítimo terrestre, en lugar de los 20 que fija la Ley para suelos urbanos.

Igualmente, Arias Cañete ha argumentado que el Gobierno mantendrá el recurso porque debe defender las competencias del Estado en la materia, si bien ha insistido en que es "consciente" del problema y de la necesidad de abordarlo en la modificación de esta normativa de 1988.

"Se les ha aplicado una servidumbre de 100 metros y no de 20, un régimen muy rígido. Vamos a estudiar las propuestas y hay que explotar las posibilidades que se abren con la ley de costas", ha agregado.

Sobre esta base, ha prometido que el Gobierno realizará un diagnóstico "preciso" en colaboración junto con la Xunta de Galicia y que intentará buscar una solución a todos aquellos conflictos que se produzcan en casos construidos antes de 1988.

Arias Cañete ha destacado a su vez que la reforma de la Ley de Costas es un "objetivo prioritario" de este Ejecutivo, como lo es también promover el desarrollo económico de las zonas costeras, eso sí, siempre y cuando éste sea compatible con una protección ambiental en el tiempo.

"confusión y ambigüedad"

Por su parte, Davila ha criticado que anuncios sobre la modificación de la Ley de Costas introdujeron "cierta confusión y ambigüedad" que, ha dicho, el ministro "debe aclarar".

El BNG, subrayó, "siempre consideró que el litoral y el dominio público marítimo terrestre es un patrimonio natural que debe ser preservado, protegido y recuperado".