El Tribunal Supremo de EEUU se ha mostrado este martes escéptico sobre la constitucionalidad de exigir un seguro médico a la mayoría de estadounidenses a partir de 2014, un apartado clave de la reforma sanitaria promulgada por el presidente Barack Obama hace dos años, según fuentes políticas.

En su segundo día de audiencias sobre la reforma sanitaria, que Obama logró arañar al Congreso en marzo de 2010, los nueve magistrados escucharon los argumentos orales sobre la obligatoriedad del seguro médico, el asunto más polarizante de esta ley.

Para el senador republicano de Utah, Mike Lee, que estuvo en la sala de audiencias, es probable que cuatro de los nueve magistrados del Supremo -todos conservadores- voten contra el seguro médico obligatorio.

El juez Anthony Kennedy, considerado como el "voto bisagra", ha interrogado al abogado del Gobierno ante el Supremo, Donald B. Verrilli, sobre si éste trazaría límites para exigir la compra de otros productos y servicios.

Verrilli ha explicado que la idea de la reforma sanitaria es regular la actividad de los ciudadanos en el mercado actual de planes médicos y no adentrarse en un campo inexplorado.

Por su parte, los cuatro jueces considerados "progresistas" parecieron decantarse por la idea del Gobierno de Obama de que el Congreso tiene, bajo una cláusula de la Constitución, el derecho de regular el seguro médico.

La juez Sonia Sotomayor, la primera latina en la historia del Tribunal Supremo, hizo preguntas relacionadas con la obligatoriedad de comprar un seguro de automóvil, una potestad que recae en los gobiernos estatales.

En EEUU, la mayoría de los trabajadores obtienen cobertura médica mediante sus empleadores.

La reforma sanitaria establece que a partir de 2014 quienes no tengan seguro -o cobertura médica a través de los programas de beneficencia pública como Medicaid y  Medicare- deberán adquirir uno o afrontar una multa.

La audiencia ha dejado claro que la Administración Obama afrontará una lucha cuesta arriba para defender esa parte de la reforma, e incluso es más probable que el Tribunal Supremo la declare anticonstitucional en su dictamen en junio próximo.

Los detractores de la reforma sanitaria, en su mayoría republicanos y grupos conservadores afines, argumentan que el Gobierno federal "se ha pasado de la raya" al exigir que los estadounidenses compren un producto contra su voluntad.

Sus partidarios replican que el objetivo es reducir los gastos de salud y garantizar la cobertura médica para unos 50 millones de personas que no tienen un plan médico, y que nadie tendría que cancelar o cambiarse de seguro.

La cláusula afectaría a unos 26 millones de personas sin seguro médico, según un análisis del Instituto Urbano. De ese total, cerca de 8 millones recibirían cobertura a través de otros programas federales y otros 11 millones recibirían subsidios para costearse un plan privado.

Alrededor de 7 millones estarían sujetos a multas y no accederían a los subsidios federales, según ese análisis.

En paralelo a la audiencia, grupos a favor y en contra de la reforma sanitaria han protagonizado por segundo día consecutivo ruidosas protestas en las gradas del Tribunal Supremo.

Con carteles, himnos y consignas, los partidarios han insistido en que la salud es un "derecho humano", mientras los detractores, en su mayoría del movimiento conservador Tea Party, intentaban sofocar sus voces gritando que la reforma es una inaceptable intromisión del Gobierno.

"Es una idea que tiene gran sentido económico porque se reducirán los costes de salud y todos tendrán cobertura. Nadie tiene garantizado que no va a enfermar o a necesitar un seguro, y ahora mismo los contribuyentes terminamos pagando muy caro por los que no tienen seguro", ha declarado a Maggie Rheinstein, activista del grupo "Planned Parenthood".

Pero para Maggie Silva, una activista de origen cubano del movimiento Tea Party, la Constitución "no dice que el Gobierno tenga que garantizar cobertura" médica, y el Congreso "no puede imponer su voluntad sobre la gente".

Mañana, miércoles, será el último día de audiencias ante el Supremo, y estará dedicado a la expansión del programa Medicaid, que ofrece cobertura a los ciudadanos de bajos recursos.