El Fiscal solicita una pena de tres años y seis meses de prisión así como una multa de más de 8.300 euros para una persona acusada de un delito de estafa al falsear las firmas de dos funcionarias del Gobierno de La Rioja y ordenar una transferencia a favor del acusado por importe de 114.639 euros.

Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron cuando en diciembre de 2005 se adjudicó a una Mercantil -de la que el acusado C.L.S., era administrador único- la organización del Primer Congreso Europeo de Responsabilidad Social por importe de 30.000 euros.

Para la financiación de los gastos del referido Congreso, el acusado abrió una cuenta en Caja Rioja y se dispuso fuera habilitada para disposición mancomunada de fondos, autorizándose al acusado y a dos funcionarias del Gobierno de La Rioja de tal manera que las disposiciones de fondos se realizaron con las firmas de ambos grupos.

En esa cuenta de Caja Rioja se ingresarían tanto las cuotas de suscripción como importes de patrocinio y colaboración.

En julio de 2006, el acusado guiado "por un ánimo de obtener un beneficio económico ilícito" extendió al lado de su firma otra especie de rúbrica para aparentar la firma de las funcionarias y procedió a ordenar una transferencia a su favor de 114.636 euros de la cuenta de Caja Rioja a otra del Banco Popular perteneciente al acusado. A mediados de mes, el acusado precedió a retrotraer dicho importe.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por lo que procede imponer al acusado la pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 12 meses a razón de 18 euros diarios. Además deberá indemnizar por responsabilidad civil a la Comunidad Autónoma de La Rioja en la cantidad que se acredite en el acto del juicio oral.