Ecologistas en Acción ha reiterado su rechazo "al rescate con dinero público de la innecesaria e insostenible autopista Cartagena-Vera". De este modo, han enviado un segundo escrito a la ministra de Fomento, Ana Pastor, exigiéndole que "cese el goteo de dinero público a estas concesiones privadas innecesarias que nunca debieron ser licitadas".

Para la organización ecologista, "resulta poco ético que en tiempos de recortes de derechos y servicios sociales básicos, Fomento siga vaciando las arcas públicas aportando dinero a las autopistas de peaje no rentables, que nunca debieron construirse, ya que su única justificación se basó en infladas previsiones ligadas a la especulación urbanística".

Por ello, ha tachado de "inmoral" que "se anuncie un plan de rescate de estas fracasadas autopistas, cuyas concesionarias concursaron voluntariamente sabiendo que en toda inversión privada, destinada a la consecución de beneficios privados, existe un riesgo de fracaso, que en este caso se ha cumplido, y cuyas pérdidas se deben asumir por quienes estaban dispuestos a enriquecerse si hubiera salido bien".

En el caso concreto de la autopista Cartagena-Vera (AP-7), "la evidente falta de necesidad y la dudosa rentabilidad para la empresa concesionaria ya fue advertida por Ecologistas en Acción y otras muchas organizaciones ambientales y sociales antes de ser construida".

Además de considerarla "injustificada" por los bajos niveles de tráfico de la zona, se denunció "su enorme impacto ambiental, como la importante afección al hábitat de la tortuga mora y los problemas para la gestión de la Red Natura 2000 presente en Marina de Cope, como del propio Parque Natural Costero-Litoral declarado como tal en 1992".

Al respecto, Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista, ha afirmado que "el escaso tráfico de autopistas como la de Cartagena-Vera era más que previsible, ya que no se proyectó en base a una necesidad real y justificada técnicamente".

A su juicio, "sólo tenía sentido para sostener la oleada de especulación urbanística que durante varios años ha asolado la Región, con la connivencia y participación del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, dejando tras su paso una grave crisis económica e institucional, con innumerables episodios de corrupción política".

Para esta organización, es "un despropósito que no se aplique el principio de sostenibilidad ni el de que quien contamine que pague, a una infraestructura basada en la avaricia que ahora, en momentos de crisis, pretende obtener fondos de todos los ciudadanos mientras se resienten por falta de presupuesto algunos servicios públicos de primera necesidad".

Finalmente, desde Ecologistas en Acción Región Murciana concluyen que "desde el Gobierno Estatal y el Ministerio de Fomento se estará cometiendo un grave error y enorme injusticia social si se continua invirtiendo fondos públicos para ayudar a la empresa gestora de la AP7, que debería correr con los propios costes del desastre en el que se metió por su cuenta y riesgo".