Los secretarios xerais de UGT y CC.OO. en Galicia, José Antonio Gómez y José Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, han acusado a la Xunta de "continuar abusando de los servicios mínimos", con los que creen que intenta "cercenar" el derecho a huelga, pese a que sabe que son "ilegales". Por ello, han indicado que los recurrirán, pedirán su suspensión cautelar y estudiarán nuevas medidas contra el "incumplimiento sistemático" de la ley por parte de la administración.

En una rueda de prensa con los responsables estatales de los sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, antes de participar en una asamblea con delegados de toda Galicia, Gómez y Sánchez Aguión han rechazado los mínimos establecidos por el Gobierno gallego para la huelga del próximo 29 de marzo.

"Sistemáticamente, de manera intencionada, conculcan la legalidad no protegiendo el derecho de huelga", ha reprochado el secretario xeral de CC.OO., que ha acusado a los responsables de actuar "conscientemente", dado que tras cada convocatoria de huelga hay "la demanda oportuna y una resolución de los tribunales" que da "la razón" a los sindicatos.

"Esta vez es exactamente igual. Intentan cercenar que los empleados públicos puedan ejercer libremente el derecho", ha continuado y ha indicado que presentarán una demanda por lo que entienden que es "prevaricación de los responsables que decretan los servicios mínimos sabiendo que son ilegales". "Esto tiene que tener responsabilidades; no puede ser que salga gratis y la administración actúe de contrapiquete", ha criticado Sánchez Aguión.

Gómez, por su parte, ha insistido en que, en efecto, los servicios mínimos establecidos por la Xunta son "prácticamente iguales" a los de la anterior convocatoria y "lógicamente" los sindicatos los van a recurrir. "Lo grave de esto es que después de tener sentencias condenatorias para la Xunta por otros servicios mínimos continúa abusando de los servicios mínimos", ha censurado.

El responsable de UGT en Galicia ha apuntado que recientemente se ha producido la sentencia sobre los servicios de la huelga general de 2010 en educación y en la CRTVG y está pendiente la de sanidad. Ahora, ha avanzado, pedirán la suspensión cautelar y no descartan "algún otro tipo de medida porque ya está bien de que incumpla la ley sistemáticamente la propia administración gallega".

"Nos parece lamentable porque lo que se pretende es vulnerar un derecho constitucional, que es el de huelga", ha expuesto Gómez. Por su parte, Sánchez Aguión ha apreciado una "clara intención política de cercenar y dificultar el derecho de huelga de los empleados públicos".