El Gobierno de China decretó hace unos días que los abogados tendrán que jurar lealtad al Partido Comunista de China (PCCh) para ejercer, medida que ciertos colectivos del sector temen que interfiera en su trabajo.

Según informó esta semana la agencia oficial de noticias Xinhua, que cita fuentes del Ministerio de Justicia, cualquier abogado que se licencie desde ahora o que quiera renovar su permiso deberá prestar juramento al PCCh durante los tres meses siguientes a la obtención del certificado.

El juramento incluye promover la justicia social, la rectitud y respetar la Constitución y las leyes chinas, sujetas a la causa socialista, apunta la agencia oficial.

Además, el Ministerio ha designado instituciones destinadas a organizar estas ceremonias, así como un programa de las fechas pertinentes en las que los juristas tendrán que presentar sus votos.

Si bien el PCCh considera que esta medida será un paso importante para garantizar la "integridad" de los abogados, sus detractores lo consideran una práctica "inapropiada" que aumenta la ya existente presión a la que están sometidos por las autoridades gubernamentales.

Según un reciente informe sobre China elaborado por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, los casos de abogados que sufren abusos por parte de las autoridades chinas son numerosos.

Varios abogados chinos detenidos en 2011, entre ellos, Lui Shihui, aseguraron haber sido interrogados, torturados, amenazados y obligados a comprometerse a no manifestar ninguna de sus opiniones vía redes sociales como Twitter (bloqueado en el país asiático), así como a no hablar con los medios de comunicación, grupos de derechos humanos, e, incluso, con diplomáticos extranjeros.

Otro de los más casos más sonados fue el de la desaparición del abogado y disidente Gao Zhisheng, detenido en febrero de 2009 y quien denunció graves torturas en marzo del año siguiente, cuando fue temporalmente liberado antes de volver a ser desconocido su paradero.

Según señala en su publicación Human Rights Watch, en junio de 2011 y a pesar del constante deterioro en el entorno de derechos humanos en China, el Gobierno del país asiático declaró que había cumplido "todas las tareas y objetivos" de sus planes nacionales de acción de derechos humanos.